Los procuradores y fiscales generales advirtieron durante la última jornada del plenario de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur en que los organismos “deben contar con independencia, autonomía y recursos para poder ejercer adecuadamente sus funciones, asignadas por las respectivas Constituciones y legislaciones internas”. Además, indicaron que “resulta imperioso” que “puedan actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, hostigamiento o amenaza por parte de cualquier otro actor público o privado”.

Durante toda la jornada, los magistrados centraron sus intervenciones en la necesidad de fortalecer la independencia frente a lo que definieron como “amenazas a la autonomía”. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, incluyó “los pedidos de renuncia, la reticencia presupuestaria, las amenazas de juicio político sin fundamento” en esas maniobras que afectan directamente al orden constitucional. Además, recordó los intentos de reforma en Brasil que directamente quitaba la facultad de investigar al MPF y dedicó un párrafo a la situación en Venezuela. Por último, advirtió: “Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de amenazas a la autonomía y la independencia, que no son contra nuestras personas, sino contra las instituciones que representamos y contra la sociedad, que espera que representemos sus intereses generales”.

Luego, el procurador general de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, coincidió con su par argentina y sostuvo que “cuanto más presión, cuanto más amenaza, cuando más uso espurio de poder político y económico, debemos responder institucionalmente y regionalmente”.

En ese sentido, el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, contextualizó esas maniobras en “esta coyuntura política en la que viven los países de esta parte de América” y recordó: “Pese a que siempre reivindicamos las autonomías de nuestros ministerios públicos, el quehacer político de nuestros países sin dudas que influye en el trabajo. En algunos casos, por una arremetida desde los propios gobiernos, en otras por temas económicos o de corrupción y por los intereses políticos y económicos”.

Por su parte, el fiscal de corte y procurador general de la Nación de la República Oriental del Uruguay, Jorge Díaz Almeida, puntualizó que “de quien no molesta nadie se ocupa”, hizo referencia al rol del MPF venezolano en la investigación de los asesinatos en ese país y coincidió con su par boliviano en contextualizar la situación en la coyuntura política regional: “Los ministerios públicos están empezando a cumplir un rol en la defensa de la institucionalidad democrática”.

A su turno, el fiscal nacional de la República de Chile, Jorge Abbot Charme, sostuvo que “el Estado nos reconoce un poder importante al darle a los ministerios públicos la dirección exclusiva de la investigación” y concluyó que “eso trae la estricta necesidad de investigar con la más absoluta objetividad todos aquellos hechos que pudiesen constituir un delito”.