La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata expresó hoy su “preocupación respecto de la suspensión decidida” por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata del inicio del juicio por la apropiación en 1977 de los hermanos Ramírez.

El debate oral por la emblemática causa tenía fecha de inicio fijada para este 28 de agosto hacía cinco meses, pero la Unidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación fue notificada esta semana de que el Tribunal dispuso su reprogramación para el 4, 6, 11, 13 y 18 de diciembre.

En un escrito dirigido a los magistrados Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, el fiscal general coordinador del Distrito Rodolfo Marcelo Molina y el fiscal ad-hoc Juan Martín Nogueira -ambos integrantes de la Unidad- pidieron mantener “la fecha original de debate” o que “se disponga para una fecha próxima”. Si bien consideraron atendibles las circunstancias y motivos invocados por los jueces, señalaron que las querellas “estarían en condiciones de afrontar el debate en las fechas programadas” o, en su defecto, unificar esas partes acusadoras.

Los representantes del MPF advirtieron además que el inminente comienzo del juicio generó “gran expectativa y ansiedad” en las víctimas y testigos.

El tribunal había dispuesto la postergación alegando que se encuentra tramitando dos juicios complejos, uno de ellos por los crímenes de lesa humanidad de la CNU La Plata, y otro por secuestro extorsivo, y había indicado que se encuentra pendiente de resolución las solicitudes de los representantes de dos de los acusados, quienes pidieron que se aparte a ambos del proceso por "incapacidad sobreviniente".

Qué se juzgará

En marzo de 1977 los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, con 2, 4 y 5 años de edad respectivamente, fueron sustraídos luego de ser testigos del homicidio de su madre a manos de las fuerzas armadas y de seguridad, en la localidad bonaerense de San José. Se los alojó durante más de seis años en el “Pequeño Hogar de Belén” de Banfield. Los imputados son la titular de esa institución, Dominga Vera; el “padrino” del hogar, Juan Carlos Milone; la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, y la psicóloga María Teresa Gómez. Están acusados por los delitos de sustracción y ocultamiento de los niños, la alteración de su estado civil y los abusos sexuales cometidos durante su cautiverio en el hogar.