Fiscales y expertos internacionales participaron de una jornada de trabajo en el marco del proceso de diseño e implementación del protocolo de investigación y litigio para el abordaje de casos de femicidios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de Naciones Unidas a la realidad local.

Estuvieron presentes el secretario de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel; la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, e integrantes de su equipo; el director de Relaciones Institucionales, Luis Lozano; representantes del programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea EUROsociAL+; la experta Françoise Roth y el médico forense Miguel Lorente Acosta; Kathleen Taylor de ONU Mujeres; Pedro Vera Pineda de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, e integrantes del Instituto Nacional de las Mujeres de México y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante la apertura del encuentro, Olima Espel destacó y agradeció la presencia de los expertos y expertas de los distintos organismos internacionales, así como también resaltó la importancia del trabajo realizado, que posibilitará brindar herramientas a los y las fiscales al momento de investigar estos delitos. También señaló que había sido muy valioso el aporte de los y las fiscales, “que son los que están día a día a cargo del trabajo”.

A su turno, Labozzetta destacó la creación del Protocolo como uno de los grandes proyectos de la UFEM. “No teníamos instrumentos para que los fiscales tengan a mano cómo investigar este tipo de casos. El Protocolo tiene el sentido de neutralizar estos déficits”, precisó la fiscal.

Por su parte, Françoise Roth sostuvo que el Protocolo busca romper con los estereotipos de lo que es un femicidio. “Amplía el contexto para ampliar los fenómenos que suelen estar invisibilizados”, señaló la especialista. “Hay un fuerte compromiso del Ministerio Público Fiscal y eso es algo esencial”, elogió. El médico forense Miguel Lorente Acosta brindó aportes teóricos acerca de los femicidios y los comportamientos del agresor. “El hombre que mata lo hace con conciencia y conocimiento de lo que hace. Es algo que se planifica y que tiene toda una historia previa. Por eso la investigación no es tradicional”, explicó el experto.

A continuación, los especialistas mexicanos Gabriel González García y José Luis Pena Colin contaron su experiencia a partir de la declaración de “Alerta de género”. Describieron el funcionamiento de ese mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, lo que implicó brindar capacitaciones y coordinar la actuación institucional. En ese sentido, narraron que “nació como una idea para detener la violencia femicida, parecido a lo que se hace en México ante los desastres naturales. A diferencia de ello, se trata de cuestiones culturales que solo se revierten con políticas públicas”.

Mesa de trabajo conjunta entre fiscales y especialistas internacionales

La segunda parte de la jornada contó con la presencia del procurador general interino Eduardo Casal, quien volvió a agradecer la participación de todos los presentes y a destacar la importancia del trabajo realizado.

Además, se sumaron al encuentro los y las fiscales María Paula Asaro, Cristina Caamaño, Silvana Russi, Gabriel González Da Silva -titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-, Santiago Vismara, Ariel Yapur, Juan Manuel Fernández Buzzi y las titulares de las direcciones generales de Políticas de Género y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Romina Pzellinsky y Malena Derdoy, entre otros representantes del MPF.

Fiscales y especialistas debatieron sobre los detalles finales del protocolo, para lo cual abordaron temáticas como la estandarización de procedimientos y la visibilización de las problemáticas de género, elementos probatorios y la adaptación del protocolo a estándares internacionales.

El proceso de trabajo se da en el marco del acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el programa EUROsociAL+ de la Comisión Europea para la cooperación entre Europa y América Latina, que busca contribuir a la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos y al fortalecimiento institucional.