El juicio por el encubrimiento y desviación de la investigación del atentado a la AMIA continuó el jueves, con una audiencia en la que siguió declarando el testigo Claudio Lifschitz, quien prestara funciones en el Juzgado Federal N°9, que hasta su destitución encabezó Juan José Galeano. En representación del Ministerio Público Fiscal  ante el Tribunal Oral Federal N°2 estuvieron los tres co-titulares de la Unidad Fiscal AMIA, Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide, junto al fiscal ad-hoc Miguel Yivoff.

“No había análisis volcados en la causa sobre los elementos que se habían secuestrado” a Alberto Kanoore Edul, retomó el testigo al reanudarse su declaración testimonial. Del análisis de su agenda de contactos, por ejemplo, dedujo que “se veía otra actividad” además de la textil: estaba el nombre del agregado cultural de la embajada de Irán, Mohsen Rabbani, y las direcciones de “diez talleres mecánicos”. Lifschitz indicó que al interiorizarse sobre la pista que vinculaba a Kanoore Edul, le llamó la atención que las intervenciones de sus teléfonos habían sido dadas de baja rápidamente sin motivo alguno.

El testigo también refirió que al manifestarle estas circunstancias al secretario De Gamas, éste le dijo que al momento de producirse la detención de Kanoore Edul, Munir Menem -hermano del entonces presidente- se había comunicado con el juzgado para interiorizarse sobre la situación de Edul. Agregó que en otra oportunidad, al insistir sobre la falta de análisis de esa información, el secretario Velasco le contestó que “no es el momento. ¿En qué quilombo querés que nos metamos?”. “Eso lo viví directamente”, aseguró el testigo, para diferenciarse de un primer momento, ocurrido en 1995 -luego de ingresar a trabajar en la dependencia-, cuando le comentaron que “había llamado” el hermano del presidente.

Por otra parte, sostuvo que “Galeano conservaba la información para su propio conocimiento”. La afirmación fue vertida luego de comentar la información acercada por él respecto de Khalil Ghatea, una persona de nacionalidad iraní que había intentado salir del país poco antes del atentado con un pasaporte presuntamente robado. Según indicó, el hombre que le acercó el dato nunca fue convocado a declarar como testigo, pero la información sobre Ghatea ya obraría en la justicia federal de La Plata.

El video y el pago

Por otro lado, el ex prosecretario del juzgado dijo que el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, vio en la sede del juzgado el video en el que se observa a Galeano exhibiéndole a Carlos Telleldín las fotografías de los policías que a la postre resultaron involucrados. Al respecto, Lifschitz dijo que “estaban buscando a alguien que pusiera la plata para que se hiciera la declaración”. “Todos en la secretaría N°17 [del Juzgado] sabían del pago. Puertas adentro no había ningún secreto”, añadió.

Lifschitz contó en la audiencia  que después de su renuncia al juzgado nadie le “quería recibir” su investigación, entre quienes enumeró al integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las investigaciones por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, Melchor Cruchaga. “Galeano tenía el amparo total de la dirigencia. Era Dios”, contextualizó. Denunció también que, tras hacerse público un informe televisivo en base a su investigación, sufrió amenazas, seguimientos y que incluso fue atacado a balazos desde un auto. “Ninguno se investigó”, se lamentó respecto de esos episodios.

Presiones a testigos e imputados

En la audiencia del lunes pasado Lifschitz relató las presiones a las que el ex juez Galeano y sus secretarios sometieron a testigos e imputados en la causa. Mencionó el caso de la testigo Miriam Salinas, a quien se le prometió sobreseerla en tiempo récord si declaraba contra Telleldín en calidad de testigo de identidad reservada; del testigo Nicolau,  a quien se lo amenazó con involucrarlo en la participación del atentado y “hacer que sus hijos terminen en un orfanato” si no declaraba sobre los presuntos delitos que cometía el comisario de la Policía de Buenos Aires Juan José Ribelli en su función policial y del testigo Gustavo Semorile, el abogado  a quien se lo amenazó con imputarle el delito de extorsión sino declaraba contra Ribelli y los integrantes de la Brigada de Lanús, es decir, los agentes que estuvieron imputados en la causa hasta su absolución en 2004, al término del primer juicio oral.