El pasado 6 de septiembre la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional (DAJIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó a la UFI AMIA que a raíz de la solicitud de los fiscales había instruido a algunas delegaciones para que soliciten información ante Estados identificados como potenciales fuentes de materiales de interés sobre el atentado del 18 de julio de 1994. Un día después comunicó que las representaciones diplomáticas ante Israel, Francia y Brasil habían transmitido el pedido a las autoridades locales, con respuestas, en principio, favorables. Una semana más tarde, Cancillería también informó del inicio de conversaciones con Uruguay y de una reunión pautada con representantes de Alemania.

Distintas constancias del expediente dan cuenta de la convocatoria a servicios colaterales de inteligencia durante la investigación del atentado contra la sede la AMIA en Buenos Aires. Por esta razón, la UFI AMIA ha venido solicitando desde abril de 2016 la colaboración del ministerio de Relaciones Exteriores a fin de ubicar y consultar la información de interés que pueda encontrarse en otros Estados. A partir del pedido inicial de los fiscales se mantuvieron una serie de reuniones de trabajo con autoridades de la Cancillería y, desde entonces, se viene desarrollando un trabajo conjunto.

El 9 de agosto de 2017 DAJIN informó que había realizado gestiones ante los directores de la Oficina de Asuntos de Brasil y del Cono Sur del Departamento de Estado de los EE.UU y del Proyecto de Documentación del Cono Sur del National Security Archive de la Universidad George Washington y obtenido una copia de un documento solicitado al Departamento de Estado. Las conversaciones ahora informadas respecto de otros estados se inscriben en una línea de trabajo similar, cuya consideración fue instada por la UFI AMIA.

Al mismo tiempo, la UFI AMIA también pidió colaboración a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal (DIGCRI) para acceder a información de interés utilizando los acuerdos interinstitucionales vigentes entre la Procuración General y sus pares extranjeros. A lo largo del último año, se recibieron así materiales de Uruguay, Chile y EEUU, ratificando la existencia de documentación de potencial interés en el exterior. La DIGCRI también solicitó informes a la Procuraduría General de los Estados Unidos Mexicanos y a la Fiscalía General del Reino de España. El 23 de mayo de 2017 la UFI AMIA consiguió también tres documentos desclasificados de la CIA a través del procedimiento previsto por la Freedom of Information Act (FOIA). El impulso al acceso a la información en poder de otros estados refleja expectativas concretas de algunos familiares y víctimas del atentado y se enmarca en el trabajo de registro y ordenamiento de fondos documentales antes reservados y hoy accesibles a todas las partes.

Digitalización de las comunicaciones diplomáticas

La Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, por otro lado, informó que dentro de algunas semanas podría concluir el proceso de digitalización de las comunicaciones de la Cancillería argentina tramitadas a través del sistema MOVDOC y oportunamente aportadas a la investigación. Se trata de centenares de cables diplomáticos que en su momento fueron identificados y aportados a la investigación pero que en la causa están agregados solo en copias en soporte papel. Tiempo atrás, y dado que los documentos corresponden a un sistema de comunicaciones de la Cancillería con respaldo digital, los fiscales solicitaron la entrega en ese formato, de modo de hacer accesible su consulta por las partes y de mejorar las condiciones de preservación de la prueba. Asimismo, se consultó a la Cancillería respecto de los criterios empleados para la selección y sobre las posibilidades de consultas adicionales, además de haberse requerido que se considere su amplia desclasificación.