La Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal presentó los resultados de la encuesta sobre “Acceso a la Justicia y Confianza Ciudadana (Percepción de la justicia en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015)” que buscó caracterizar la representación del sistema de administración de justicia mujeres y varones de 16 años o mayores, todos habitantes de tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires: Villa 31-31 bis de Retiro; Villa 1-11-14 del Bajo Flores y Villa 20 de Lugano. Los encuestados por ATAJO reflejaron conflictos relacionados a hábitat, vivienda, familia, trabajo, seguridad social, salud, educación, problemas crediticios/económicos, penales o vinculados a las fuerzas de seguridad.

Según la encuesta, menos de la mitad de las personas mayores de 24 años logró finalizar la escuela secundaria. En comparación al conjunto de CABA, los valores muestran una diferencia negativa para los barrios populares. En el resto de la ciudad el 75% de la población de esa franja etaria finalizó ese nivel. El documento resalta esta realidad a pesar de que “se agregaron nuevas modalidades educativas a las existentes a fin de promover y facilitar el acceso y finalización de los niveles.”

Sin embargo dentro de los barrios encuestados, se encontraron diferencias: “En Retiro, 4 de cada 10 personas de 25 años o más finalizó el secundario”, mientras que en Villa 1-11-14 del Bajo Flores y Villa 20 de Lugano “sólo 3 de cada 10 alcanzó a completar el mismo nivel”.

El análisis la Dirección a cargo de Julián Axat incorporó variables laborales y destacó “la baja incidencia de las relaciones salariales (42%), mientras que más de la mitad realiza actividades por cuenta propia.” Se vuelven a reflejar disparidades con el resto de la Ciudad, donde “el conjunto del mundo laboral de la ciudad, que presenta un alto nivel de población asalariada, cercana al 80%”. Algunos de los oficios más mencionados están vinculados a la construcción, pintura o afines. En el caso de las mujeres, las ocupaciones laborales más nombradas fueron el comercio y el trabajo en casas particulares.

“El 42% de la población mencionó haber tenido algún problema laboral vinculado a la informalidad, despidos, indemnizaciones o remuneraciones”, destacó el documento. La identificación de estos problemas se da en los hombres con mayor frecuencia que en las mujeres.

Vulneración de derechos

ATAJO indicó que “los problemas de hábitat, fuerzas de seguridad y salud son los más mencionados independientemente del género”, y agregó que “la ordenación indica que los problemas de hábitat son los más frecuentes (23%), seguidos del acceso a la salud (15,5%) y los problemas con las fuerzas de seguridad (17,3%). En los tres barrios analizados las problemáticas referidas presentan la misma estructura”.

La publicación incluye un apartado sobre la situación de la vivienda, que refleja que “más de la mitad de los hogares de los barrios estudiados presentan situaciones de hacinamiento, es decir que hay más de dos personas por cuarto y aproximadamente el 14% presenta hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto)”.

Los efectos de la problemática de la vivienda encuentra relaciones diferenciadas en los barrios analizados: “El barrio de Lugano exhibe menores niveles de hacinamiento (51%), en tanto que la Villa 1-11-14 y la de Retiro presentan valores más elevados, 55% y 54% respectivamente.”

Por otro lado, la problemática a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad fue destacada por el 30,6%. Sin embargo el 82% también destacó como problemas la “falta de cámaras de seguridad y/o efectivos”. En ese marco, “el barrio de Bajo Flores presenta valores” más altos que el resto.

Entre las situación reflejadas se pueden enumerar “detenciones ilegales, abusos físicos, amenazas, allanamientos, mala atención o maltrato del personal policial en la comisaría y maltrato en cárceles, discriminación por orientación sexual, condición de mujer, clase social, nacionalidad o discapacidad”. El 67% de las personas que testimoniaron sobre violencia policial mencionaron a la Policía Federal, en tanto que sólo el 33% mencionó a otras fuerzas como Metropolitana, Gendarmería, Prefectura.

Salud

Según ATAJO, el déficit en el acceso al derecho a la salud se dimensiona a partir "del ingreso deficiente de ambulancias y servicios de emergencias médicas, la falta de hospitales y centros de salud son las situaciones más frecuentes”.

El 80% de quienes declaran problemáticas de salud manifiestan problemas de accesibilidad. “Prácticamente la mitad de los habitantes de barrios vulnerables ha tenido alguna dificultad para acceder al sistema de salud”, agrega como variable de análisis el documento.

Resolución de conflictos

Entre las distintas instituciones o instancias para resolución de conflictos se encuentra que el 34,3% lo hizo en algún organismo de administración pública, un 29,3% con un delegado barrial, junta vecinal o consejero, mientras un 27,1% en una agencia judicial. Dentro de esa categoría, las sedes de ATAJO  acaparan el 62% de las consultas.

“La accesibilidad también se presenta como una barrera para un amplio sector de la población (43%), principalmente por desconocimiento respecto de a qué tribunal concurrir (25%), y en menor medida por las dificultades de acceso debido a ubicación geográfica y horarios (11,6%)”, destaca el informe.

Una de las conclusiones establecidas manifesta que “la población, mayoritariamente, considera que la Justicia no es imparcial respecto de su identidad de género o sector social.”

“Particularmente el sector social de pertenencia constituye el principal motivo de imparcialidad de la Justicia: el 75% considera que el sistema de administración de Justicia obra de manera inadecuada frente a este aspecto, dispensando un trato desigual a la población según sector social” concluye la Dirección General de Acceso a la Justicia.

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