En el marco de la Semana por el Acceso a la Justicia, organizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el titular de las agencias ATAJO, Julián Axat, intervino en una mesa debate sobre "Acceso a la Justicia y Ministerios Públicos. El rol de los Ministerios Públicos para asegurar asistencia legal de calidad a quien la requiera. Situación actual y nuevos desafíos en materia de acceso a la justicia", realizada en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

El panel fue compartido con Sebastián Pilo, codirector de ACIJ; el presidente de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder; el coordinador del Equipo de Violencia Institucional y Políticas de Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Federico Efrom; Milagros Noli, de la Dirección de DDHH y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza; los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, Mariano Gutiérrez y Ramiro Dos Santos, y Mauro Rianom, quien participó en calidad de representante de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Axat sostuvo que "en los últimos años a nivel legislativo se comenzaron a construir consensos para hallar soluciones superadoras, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, poniendo en discusión las leyes orgánicas de los ministerios públicos”. Y agregó: "La defensa de la legalidad es una defensa de la Constitución y de los Tratados, es la defensa del interés general, pero también de las minorías, de aquellos que presentan mayores obstáculos para defender sus derechos, y por ello el acceso a la justicia es un valor central en esa defensa de la legalidad".

El titular de los ATAJOs añadió que la Dirección general de Acceso a la Justicia a su cargo “tiene como función instalar y gestionar dependencias descentralizadas del Ministerio Público Fiscal de la Nación en territorios vulnerables a los fines de recibir y derivar denuncias, evacuar consultas, brindar acceso a la información judicial, facilitar la resolución alternativa de conflictos y generar mecanismos de prevención de delitos y desarrollar acciones de promoción de derechos para fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar los canales de comunicación entre el MPF y la Comunidad". Además planteó la necesidad de pensar el vínculo que se establece entre el Ministerio Público Fiscal y el territorio a través de sus operadores, y no sólo como receptor de conflictos sino como productor de insumos para reformular la proyección de una política criminal.

Por último, Axat destacó que ATAJO también interviene en casos de conflictos en los que se encuentran afectados intereses colectivos o difusos y también el interés general de la sociedad o una política pública trascendente.

A su turno, el codirector de ACIJ, Sebastián Pilo, afirmó que “esta es una mesa trascendental para el objetivo que tiene esta semana; y para discutir acerca de las asimetrías de los sectores vulnerables en el acceso a la justicia y cómo podemos remediarlas convirtiendo estos debates en políticas públicas".

En tanto, el titular de INECIP, Alberto Binder, aseguró que en la última década “se superó la mirada de acceso a la justicia de primera generación en la que sólo se contemplaba la cuestión geográfica, de distancia, de falla de la cobertura por la de segunda generación en la que se tiene en cuenta la disputa política por los derechos humanos como el núcleo central de la Democracia del siglo XXI”. El catedrático sostuvo que en los últimos años hubo un impacto conceptual y político y cambios institucionales enormes con la conformación de un nuevo trípode: el de los dos ministerios públicos y el defensor del pueblo, al tiempo que incluyó “el importante protagonismo de actores sociales que luchan por sus derechos”, respecto de los cuales afirmó: “El empoderamiento de la ciudadanía no alcanza; necesitamos un nuevo modelo de abogado que dé la pelea política ya que la política pública no cambia sola".

El coordinador del Equipo de Violencia Institucional y Políticas de Seguridad del CELS, Federico Efron, criticó al Poder Judicial al asegurar que “limita el trabajo de los ministerios públicos” y puso como ejemplo los problemas de comunicación que tienen las personas privadas de libertad cuando sufren la violencia institucional o problemas de salud.

Al hacer uso de la palabra, el defensor Ramiro Dos Santos diferenció las dos concepciones sobre acceso a la justicia, una vinculada a la eficiencia, desde una mirada neoliberal, y la otra sobre los problemas que tiene una parte importante de la ciudadanía para acceder a los derechos económicos y sociales. En esa misma línea, el defensor auxiliar del MPD, Mariano Gutiérrez, cuestionó el rol y la concepción de muchas ONGs financiadas por otros Estados u organismos supranacionales y señaló que "es clave el rol del Estado y sus instituciones".

La Semana por el Acceso a la Justicia se desarrolló entre el lunes 17 y el viernes 21 de abril, a través de múltiples charlas y mesas redondas, que se propusieron generar espacios de diálogo y reflexión sobre las principales dificultades para el efectivo acceso a la justicia en el país, y cómo ellas impactan en la posibilidad de vehiculizar otro derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Especialistas del MPF expusieron sobre pobreza estructural y barreras económicas, sociales, culturales y geográficas; discriminación por razones de género, violencia, e impactos diferenciales sobre las mujeres de los déficits en el acceso a la justicia; resolución alternativa de conflictos; diseños de estrategias y políticas públicas necesarios para el abordaje del acceso a la justicia; barreras que obstaculizan el acceso a derechos de las personas con discapacidad; y reformas judiciales necesarias.

Las actividades incluyeron la presentación de un libro que recoge la experiencia de ATAJO en los barrios vulnerables, en un acto que fue encabezado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en el edificio Anexo del Congreso de la Nación.