20 de abril de 2018
20 de abril de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El evento tuvo lugar ayer por la tarde en el Palacio Municipal
La Procuración General y el Municipio de San Martín realizaron las Jornadas sobre Protección de los Consumidores
La fiscal general y titular del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores Gabriela Boquin, integrantes del referido programa y representantes de ATAJO expusieron en los distintos paneles del evento; se abordaron los abusos de entidades financieras, el derecho del consumo, la experiencia de ATAJO en el distrito, el rol del MPF y el sobreendeudamiento de los consumidores, entre otras cuestiones.

Ayer por la tarde, en la Municipalidad de San Martín, se celebró una jornada organizada por dicho municipio y por la Procuración General de la Nación, cuyo eje fue la Protección de los Consumidores y Usuarios.

En el evento participaron  Gabriela Boquin, Fiscal General y titular del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores; Gonzalo Martín Rodríguez y Gabriela Nucciarone, coordinador e integrante del referido programa; Emiliano Gareca, coordinador de relaciones institucionales de la Dirección Gral. de Acceso a la Justicia, y Paulina Coto, coordinadora del ATAJO San Martín.

La apertura estuvo a cargo de Marcos Vilaplana, subsecretario de Gobierno y Seguridad y Presidente del Colegio de Abogados de San Martín, y Adrian Ganino, director de Comercio y Defensa del Consumidor del municipio. Ambos coincidieron en la importancia de la divulgación de los derechos de los usuarios y consumidores, su llegada a los sectores más vulnerables y los valiosos aportes que desde el Ministerio Público Fiscal se han realizado para materializar la tutela constitucional.

En el primer panel, el coordinador del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores del MPF, expuso sobre los abusos de entidades financieras, mutuales y cooperativas de crédito y el derecho del consumo. Resaltó que en nuestra sociedad el crédito cumple un rol fundamental para el acceso de bienes y servicios, con la salvedad de que el abuso que puede darse en su otorgamiento no sólo afecta al consumidor particular, sino también a todo el sistema económico. Finalmente, se avocó a dos temas que revisten profunda actualidad y sobre los cuales tanto la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial como el Programa han venido trabajando; el pagaré de consumo y la aplicación de la ley de defensa del consumidor a los procesos de secuestro prendario.

A su turno, el coordinador de relaciones institucionales de ATAJO y la coordinadora del ATAJO San Martín señalaron las múltiples actividades que realizan con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia de sectores vulnerables de la población. Explicaron que son una herramienta para educar a los consumidores y un instrumento que le permite a la Procuración General de la Nación llegar a los casos que de otro modo no alcanzan a los estrados judiciales.

Por su parte, Gabriela Nucciarone, integrante del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores, se refirió al rol del Ministerio Público Fiscal en la Defensa de los Usuarios y Consumidores, y resaltó las herramientas procesales con las que cuenta el consumidor para materializar sus derechos en sede judicial. Destacó la intervención que se ha venido realizando en las acciones colectivas y en procesos individuales cuyos objetos persiguen concretar la tutela constitucional, lo que provocó positivos avances jurisprudenciales.

Por último, el cierre de las Jornadas estuvo a cargo de la fiscal general Gabriela Boquin. Su conferencia apuntó al sobreendeudamiento de los usuarios y consumidores, entendido como uno de los temas más preocupantes en términos sociales y económicos que atraviesa nuestra sociedad. Partió de la necesidad de abandonar la posición que se refiere a la toma irresponsable de deudas por parte de los consumidores, teniendo en cuenta que las decisiones de consumo de cada día se ven más influenciadas por las campañas publicitarias, la moda, el marketing, entre otras técnicas de comercialización que limitan la libertad de elección.

Asimismo, subrayó la necesidad de contar con legislación adecuada referida a la temática, que coloque su eje en la protección de la dignidad de la persona humana y su familia y que otorgue la posibilidad de que el consumidor se restablezca económicamente y no sea excluido del sistema económico-social.

También, se refirió a la importancia de responsabilizar a los proveedores de crédito que otorgan financiaciones de modo abusivo omitiendo información y la correcta evaluación de la real capacidad de pago del deudor-consumidor.

Finalmente alertó sobre la ausencia de educación adecuada para que el consumidor ejerza libremente sus decisiones consumo, resultando menester contar con políticas públicas que apunten en tal sentido.