El Cuarto Juzgado Civil de San Rafael, Mendoza, suspendió la tercera orden de desalojo dictada contra una familia de la comunidad mapuche Lof Suyai Levfv, asentada en el departamento de Malargüe, al sur de la capital provincial. La suspensión llegó luego de que los operadores de la agencia ATAJO local remitieran un informe social que da cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan los damnificados.

La intervención de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF se produjo a solicitud de uno de los integrantes de la comunidad originaria, quien reclamó que “se gestionen las medidas pertinentes para poder realizar una mediación y se aplique la ley 26.160”, promulgada en noviembre de 2006. Esa normativa, si bien suspende durante un lapso la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, fue prorrogada semanas atrás, por lo que los integrantes del pueblo mapuche insistieron en su plena aplicación.

El conflicto por la propiedad de los terrenos en los que se asienta una familia mapuche se inició en el 2012 y se dictaron dos órdenes de desalojo, que por diversas razones no fueron concretados. La intervención de ATAJO comenzó cuando la jueza Mónica del Carmen Cubillos, titular del Cuarto Juzgado Civil de San Rafael, libró un tercer lanzamiento, que fue recurrido por la familia.

Antecedentes

En su relato ante ATAJO, Elio Domingo López señaló que su comunidad se encuentra asentada “en el Paraje Los Molles, del departamento de Malargüe”, si bien sus orígenes se remontan a la localidad Los Farfaritos, en la costa del río Salado. “A mis abuelos paternos, los sacaron con engaños, ya que ellos eran analfabetos y los hicieron firmar un documento con el dedo en donde le cedían” a un particular el terreno, recordó.

Veinte años atrás, al pretender regresar a esos territorios mientras su padre era el Lonko de la comunidad, fueron “despojados de forma violenta por el nieto de ese hombre, que vive en San Rafael”. Fue debido a esta situación que debieron mudarse “al paraje de Los Molles”: “Alambramos el terreno que mis padres trabajaban”, dijo.

ATAJO reclamó que “se gestionen las medidas pertinentes para poder realizar una mediación y se aplique la ley 26.160” que suspende durante un lapso la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas.

Ya asentados en Los Molles, los miembros de la comunidad creyeron que el terreno era de propiedad fiscal, y tras la publicación de sucesivos edictos, sin que ningún posible heredero presentara algún reclamo por las tierras ocupadas, López comenzó a construir una casa: "Es en donde vivo junto a mi esposa y mis dos hijas de 12 y 2 años, hasta la actualidad", indicó. Fue durante el proceso de asentamiento permanente en el lugar cuando el declarante comenzó a recibir amenazas por parte de un grupo de personas que decían ser las dueñas del terreno.

Ese conflicto por la posesión mereció inicialmente una medida de no innovar, y luego una notificación de desalojo, que fue dictada tras la renuncia de quien ejercía la defensa de la familia López. Entonces, el declarante expresó al oficial de justicia que fue a cumplir el lanzamiento que no podía desalojarlo, ya que no tenía defensa: "Lo hice pasar a mi casa y con mi esposa le mostramos los papeles que teníamos, le mostramos los pisos que eran de ladrillo suelto y tarimbas, paredes, estufa de barro, y le dijimos que el territorio formaba parte de la comunidad indígena de donde formo parte y le comentamos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas había realizado una inspección en el marco de la inscripción de la personería jurídica”, explicó.

Lopez aclaró que la orden de no innovar fue acatada rigurosamente por su familia: “Habíamos frenado la construcción y retirado las máquinas”. El cumplimiento fue constatado por el funcionario judicial, en virtud del cual postergó la expulsión.

A partir de allí, la comunidad Lof Suyai Levfv se constituyó en parte del expediente, no obstante lo cual la jueza Mónica del Carmen Cubillos, titular del Cuarto Juzgado Civil de San Rafael, dictó una segunda orden de desalojo para el 14 de octubre de 2016, sin siquiera haber notificado a la familia.

"Encontré todos los muebles afuera, habían roto la aberturas de la casa, hacía poco había cobrado una indemnización por un juicio laboral, y me robaron parte del dinero, también me robaron un disco externo en donde tenía toda la información de la comunidad".

“Ese día habíamos salido, y al volver nos encontramos que ya nos estaban haciendo el desalojo con una orden de allanamiento. Antes de que yo llegara a mi casa y me encontrara con el desalojo, había visto en el hotel Lahuenco que estaba la martillera, junto con su marido y dos policías tomando el té, mientras en mi casa se llevaba a cabo el desalojo sin ningún tipo de custodia”, agregó López. Y recordó: “En ese momento seguí de largo hasta donde está la policía y avisé a la organización y a mi comunidad; al volver encontré todos los muebles afuera, habían roto la aberturas de la casa, hacía poco había cobrado una indemnización por un juicio laboral, y me robaron parte del dinero, también me robaron un disco externo en donde tenía toda la información de la comunidad, me tiraron todas las cosas del otro lado del río, en un terreno de un privado donde tenía maquinaria y amenazaba con tirarme las cosas al río”.

Con la ayuda de los demás miembros de la comunidad, el delegado del Consejo de Participación Indígena y el Werken de la organización Identidad Territorial Malalweche, entre otros miembros de la organización, comenzó el traslado de los muebles a su casa nuevamente.

López declaró que “el abogado de la organización y el comisario acordaron el plazo de dos días más para desalojar”, tras lo cual el letrado presentó un recurso de apelación. El comportamiento de la jueza civil se encuentra en estudio por la Legislatura provincial, tras la presentación de un pedido de juicio político formulado por la organización mapuche, que la acusa de prevaricato y abuso de autoridad.

Sin embargo, el pasado 18 de mayo la familia sufrió un tercer intento de desalojo ordenado por la misma magistrada, a pesar de que la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de la provincia le había solicitado días antes una mediación que permita arribar a una solución satisfactoria para ambas partes. Ante esa situación, la familia López recurrió a ATAJO, a fin de obtener las medidas que faciliten una mediación efectiva, que garantice el acceso a la justicia de la familia en alto grado de vulnerabilidad social. Tras la presentación del informe social que acredita las condiciones extremas en las que vive la familia López, la jueza Cubillos frenó el lanzamiento.