Los titulares de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat, y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel de Vedia, realizaron una presentación conjunta ante el ministro de Salud de la Nación en la que solicitaron que “proceda a entregar en forma inmediata los kits del ‘Plan Qunita’ a la población de barrio Isla Maciel de Dock Sud”, tal como lo estableció una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, que intimó a la cartera nacional a que “en el plazo perentorio de treinta días” comience con la distribución de todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, “con excepción de las cunas y los sacos de dormir”.

La solicitud dirigida al ministro Jorge Lemus obedece al requerimiento realizado ante los operadores de la agencia ATAJO ubicada en la localidad de Dock Sud,  Partido de Avellaneda, por el padre Francisco Olveira, titular de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Isla Maciel, y presidente de la Fundación Isla Maciel. El cura había manifestado que desde el mes de febrero de este año realizó sendas presentaciones ante el Ministerio de Salud de la Nación para obtener la entrega efectiva de los kits del “Plan Qunita” a la población del barrio que asiste regularmente a los comedores comunitarios de la Parroquia, “por entender que el universo de destinatarios se halla comprendido dentro de los requisitos establecidos por el Programa en cuestión”.

Esa solicitud motivó la conformación del Expediente N° 2017-06877788-APN-DD#MS. Tras la presentación en abril de un pronto despacho, el Ministerio respondió con fecha 2 de mayo que “previamente a expedirse debía hacerlo la Oficina Nacional de Contrataciones y la Procuración del Tesoro Nacional”. Debido a la falta de nuevas respuestas desde entonces, el sacerdote de la Isla Maciel presentó un segundo escrito de pronto despacho ante el Ministerio de Salud, en el que solicitó se imprima al expediente el carácter de tramitación muy urgente.

En simultáneo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 intimó a la autoridad de salud pública nacional que “en el plazo perentorio de treinta días” comience con la distribución de todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, “con excepción de las cunas y de los sacos de dormir”, y los destine a las instituciones o entidades que con mayor urgencia precisen salvaguardar el interés sanitario de las niñas y niños del país.

Fundamentos

El escrito se funda en el artículo 33 de la Constitución Nacional, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, puntualmente en la manda del artículo 2.a. de ese Instrumento, de jerarquía constitucional conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna, en los artículos 2.1, 3.2, 4, 6.1, 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña de jerarquía constitucional conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna, en el artículo 3° de la Ley 26.061 que consagra el principio hermenéutico y teleológico del Interés Superior del Niño, y los artículos 8, 9 y 14 de la mentada norma.

Según precisaron Axat y el fiscal De Vedia, “comprendemos que la distribución efectiva [de los kits] incidirá en el ejercicio del derecho a la salud de los niños y niñas de la República Argentina en general, y en particular de la población de niños y niñas que componen el ejido social  de la población de barrio Isla Maciel de Dock Sud”.

“Asimismo –continuaron-, los derechos fundamentales se encuentran signados por el principio de progresividad, que supone la obligación del Estado de mejorar en forma constante las condiciones de asequibilidad (disponibilidad), accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad (las llamadas 4 “A”) en lo que atañe a garantizar los derechos en cuestión”.

Los representantes del MPF agregaron que “en este caso, los kits del Plan Qunita se encuentran a disposición del Ministerio de Salud" a cargo de Lemus, "por lo que, desde el vamos, no implica asignación ni erogación de recurso alguno para su adquisición por parte del Estado. Por el contrario, su no utilización podría redundar en una degradación de los insumos (elementales para el ejercicio del derecho humano a la salud), lo que en los hechos implicaría un agravamiento de la situación de vulneración de derechos que su detentación y consecuente no disposición se encuentran generando en la población destinataria de la política pública”.

Por último, ofrecieron al Ministerio de Salud “las instalaciones y los equipos de trabajo de la Dirección General de Acceso a la Justicia (agencias ATAJO) para oficiar como veedores de la entrega que podría realizarse en los distintos barrios vulnerables de la C.A.B.A.”

Presentación ante el TOF N°1

De igual modo, de Vedia y Axat remitieron un escrito al titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, José Antonio Michilini, en los mismos términos que la presentación cursada a la cartera de salud. En el texto dirigido al juzgado que intimó al Ministerio de Salud a hacer efectiva la entrega de los kits, Axat y De Vedia subrayaron que “amén de que nos plegamos al sentido de la resolución judicial, los que hacemos propios, por lo que requerimos se haga pronta entrega de los mismos a los diversos niños y niñas del país, en tanto destinatarios de la política pública en cuestión”.