Juan Martín es cartonero y vive en la villa Rodrigo Bueno, un predio que se extiende entre la Reserva Natural y la ex Ciudad Deportiva de Boca, en la Costanera Sur, en la espalda del barrio más opulento de la ciudad. Generalmente recorre la zona adyacente a Puerto Madero, lleno de restaurantes caros y autos último modelo. Allí, dice Juan Martín, las sobras del alto consumo son más abundantes. Sus días empiezan siempre igual, cuando a las 5 y media de la mañana sale de la casilla que comparte con su actual pareja, para iniciar el desafío de sobrevivir. Juan Martín tiene 4 hijos, pero no viven con él.

Hace unos días, cansado tras su habitual recorrida por los tachos de basura, luego de cargar en su viejo carromato los desperdicios todavía útiles, sacó cuenta de los años que pasaron y decidió no darse por vencido y jugarse su última oportunidad.

Cuando se acercó a la combi blanca con el cartel de “ATAJO móvil”, que atiende en ese asentamiento dos veces por semana, recordó el mes y el año y hasta el color del cielo del día del hecho. Cómo olvidar cuando en 2008, mientras iba con su mismo carro de hoy, por entonces novísimo, juntando en él metros de cartón húmedo por el rocío, restos de botellas de vidrio, pedazos de madera, muebles descolados, fue atropellado por un automovilista, que conducía a gran velocidad y que en su impericia implicó a un segundo auto, que estaba estacionado, esperando el semáforo.

Apenas dos horas después del accidente, cuando aún estaba en el hospital Argerich curando sus más urgentes heridas, se acercó a él un abogado, muy solícito, quien le ofreció encargarse de todo lo relativo a la causa judicial. Llevaba traje el hombre, exhibía una credencial de algo que evidentemente no era su DNI, y hablaba en difícil. Pero aceptó su mediación. Nunca alguien tan importante se había preocupado por él.

Siete años, como las medidas de la malasuerte, pasaron en el medio y Juan Martín nunca supo qué pasó con el proceso. Al atento abogado lo vio sólo dos veces más, en su estudio, donde fue convocado de urgencia para firmar papeles. Desde entonces, cada vez que intenta comunicarse con él, el letrado le dice que no tiene tiempo para atenderlo, que está en una reunión, que “aún no hay sentencia y la causa está apelada”.

Una de las primeras preguntas que Juan Martín le hizo a la abogada de ATAJO que atendió su consulta fue qué significaba “apelar”. Constanza López, la letrada del Programa ATAJO, sí tuvo tiempo de explicarle. Juan Martín comprendió, entonces: todo tiene una nueva oportunidad.

A Juan Martín le parecía extraño que la persona que manejaba el auto que lo atropelló hubiera hecho trabajo comunitario, y que el otro auto involucrado en el hecho, que resultó dañado por la irresponsabilidad de quien lo atropelló, ya hubiera cobrado el seguro para el arreglo.

Todos parecían habían saldado sus cuentas con la Justicia, menos Juan Martín, que ni hablar con su abogado podía. Los días de humedad, el dolor en su muñeca y su brazo izquierdos le hacía imposible olvidar el accidente. El cartonero, que había sido el damnificado en el hecho, ni siquiera conocía los datos del juzgado donde se encontraba la causa, ni el número, ni la carátula. Víctima dos veces.

ATAJO le indicó que sea como fuera debía hablar con su letrado patrocinante y conseguir esos datos, para que ATAJO pudiera averiguar el resto. Una semana después, Juan Martín volvió sólo con el número del expediente en curso ante la Justicia Nacional en lo Civil. Desde luego, el abogado no pudo decirle en qué juzgado se tramitaba su causa, porque “estoy en una reunión, no puedo atenderlo ahora”.

Para ATAJO fue suficiente. Mediante comunicación por correo electrónico a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la abogada del Programa de Acceso a la Justicia pudo informarle a Juan Martín los datos completos de la causa: el número, la carátula, la instancia en la que se encontraba el expediente, quién era el demandado, etc.

Inmediatamente después, ATAJO se puso en contacto con el Juzgado, donde informaron que la causa ya tenía sentencia firme y que Juan Martín debía cobrar $ 56800, más los intereses, que estirarían la suma hasta los 60 mil pesos.

Faltaba un paso, sin embargo: que el abogado del cartonero practicara la liquidación para que su cliente por fin pudiera cobrar. Lo apelado no era el monto para la víctima, sino los honorarios regulados por el juez para el abogado de la parte actora.

Cuando el equipo ATAJO le comunicó la noticia a Juan Martín, el hombre la recibió con gran sorpresa. Agradeció la intervención, que incluyó un último escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, solicitando que la causa se agilice drásticamente, de modo que Juan Martín pudiera cobrar la indemnización en el plazo más breve posible, en virtud de su notoria situación de vulnerabilidad.

La suma a percibir seguramente no le alcanzará para vivir fuera de la villa, en alguno de los barrios que Juan Martín recorre cada madrugada, cuando la noche se transforma en amanecer, buscando las sobras de la vida en sociedad. Pero al menos pudo saber el significado del concepto apelar. Ahora, quién lo sabe, no lo pare nadie en su camino de invocar en instancias superiores justicia para su listado de derechos sin respetar.