La Dirección general de Acceso a la Justicia del MPF realizó una presentación ante el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la cual trasladó a esa cartera el reclamo que la mesa de padres y docentes de las escuelas Primaria Nº 25, Media N°6 e Infantil N°5, todas ellas del barrio de Retiro, y cuya población escolar se compone de niñas, niños y jóvenes que viven en las villas 31 y 31 bis, formularon el pasado 4 de septiembre ante la agencia ATAJO del barrio Carlos Mugica.

El escrito dirigido a la ministra María Soledad Acuña, detalla que la comunidad escolar manifestó “su preocupación por la situación actual tanto de la Escuela Secundaria, como de la primaria, del jardín de infantes y del Centro de Salud (CESAC)” respecto de un eventual traslado de los alumnos de los distintos niveles, a establecimientos alejados de donde actualmente se desarrollan las actividades escolares.

Los padres y docentes “han enumerado una serie de episodios –continúa el escrito- y de decisiones tomadas por parte de la administración pública que consideran injustas”. Según los integrantes de la mesa, “lo que están haciendo es un intento de llevar adelante un proyecto que no responde a lo elaborado y construido por la comunidad”.

Ante ATAJO, y pese a haber mantenido varias reuniones con representantes del gobierno porteño, los padres, madres y docentes señalaron que no existe claridad sobre el proyecto, y que no se ha podido dar respuesta por parte de las autoridades a cuestiones fundamentales para la integración de la comunidad educativa y el barrio, entre ellas, accesibilidad, transporte, seguridad y salud.

Las familias agregaron que “la mudanza afectaría enormemente la rutina de las familias con estudiantes en varios niveles, complicará el sostenimiento de la cursada, y desmembraría a las familias e implicaría una situación estresante para niños y niñas”.

Por ese motivo, los integrantes de la comunidad educativa han planteado a las autoridades la necesidad de llevar adelante la construcción del polo educativo por etapas, tal como lo establecía un proyecto anterior, que había sido elaborado por la propia comunidad.

Además, los firmantes del acta labrada por los operadores de ATAJO afirmaron que “de acuerdo a lo que nos han informado se reducirían las vacantes de la escuela infantil y no se habilitarían vacantes para el año próximo”.

El pedido formulado a la Dirección de Acceso a la Justicia es que, por su intermedio, se logre la suspensión de cualquier medida de traspaso de estudiantes de jardín, primario y/o secundario a otro establecimiento, y se brinde información precisa y pormenorizada respecto de la puesta en marcha del proyecto que lleva adelante el Gobierno porteño.

El escrito dirigido a la titular de la cartera de Educación de la CABA, detalla que la actuación de ATAJO se inscribe en las prescripciones de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que “no se limitan al establecimiento de principios de actuación o ideas básicas que deben inspirar la materia, aportando elementos de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos de la población; pretenden ir más allá, estableciendo una serie recomendaciones que pueden ser de utilidad en la actuación de los responsables de las políticas públicas”.

La presentación cita la regla Nº 5, que “recoge la definición de la Convención de Derechos del niño, adoptada por Resolución de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, cuyo artículo 1 dispone que: para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

“Sin perjuicio de tratarse de una etapa pre-judicial –finaliza el documento-, se remite la presente a los fines que ese Ministerio evalúe la situación explicitada y denunciada como reclamo en el acta que se adjunta”, al tiempo que pone a disposición de la cartera Educación porteña “los mecanismos de resolución alternativos de conflictos con que cuenta la Dirección de Acceso a la Justicia”.