Esta mañana, se llevó a cabo la inspección ocular ordenada por el Tribunal Oral Criminal N°5 en el taller clandestino ubicado en Luis Viale 1271, del barrio porteño de Caballito, en el que murieron cinco niños y una mujer embarazada. La visita se enmarca en el juicio oral que comenzó el pasado 18 de abril, en el que Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, sindicados como el encargado y el capataz del lugar, están en el banquillo de los acusados. Los padres de una de las víctimas y querellantes en la causa; los jueces Adrián Pérez Lance y Rafael Alejandro Oliden; el fiscal ad-hoc Norberto Baldanza, y efectivos de la Policía Federal recorrieron el predio en el que todavía están desparramados los restos de la factoría textil donde vivieron 67 personas hacinadas hasta el 30 de marzo de 2006, cuando el fuego se desató en el primer piso del edificio.

Junto a la reja de entrada, una máquina de coser pintada a mano y cuatro siluetas con los nombres de las víctimas sobresalen entre las intervenciones que realizaron los familiares en el frente para señalar el lugar de la tragedia. Hoy, el servicio de justicia entró al edificio arruinado por el fuego hace más de 10 años.

Del otro lado de la puerta, todavía están las más de 30 máquinas que funcionaban casi sin parar. Alrededor, pilas de retazos de tela de jean se mezclan con botellas de cervezas, cajas de cartón, restos de ropas, bolsas de residuos y cables sueltos que atraviesan de un lado a otro el ambiente. El desorden quedó del día del incendio, pero la precariedad en la que vivían los trabajadores y las trabajadoras, junto a una treintena de niños y niñas, no la dejó el incendio. Y los cortes, las piezas que iban a transformarse en pantalones quedaron almacenados en el garaje que oficiaba de depósito.

La escena de la tragedia termina de completarse en el primer piso: el techo ya no existe, las llamas y el trabajo de los bomberos lo demolieron.

El taller

Según la investigación, en el lugar trabajaban y vivían más de 67 personas con sus respectivas familias en condiciones de hacinamiento, que realizaban jornadas que iban desde las 7:00 hasta altas horas de la madrugada. El expediente detalla que las víctimas contaban solamente con un baño y una sola ducha sin agua caliente. Las habitaciones estaban separadas por cartón prensado o maderas y las puertas estaban hechas con cortinas de tela. Además, no tenían heladera, las conexiones eléctricas eran muy precarias. La "carga de fuego", como denominan los técnicos a la cantidad de energía calorífica que resulta de la combustión completa de un lugar, era alta. El riesgo también.

El caso

El 30 de marzo de 2006, una mujer que se desempeñaba como cocinera fue al primer piso a buscar provisiones cuando advirtió el foco del incendio y comenzó a gritar para pedir ayuda. La mayoría de los trabajadores, de nacionalidad boliviana, que vivían en su lugar de trabajo abandonaron el edificio y otros intentaron rescatar a las víctimas utilizando entre ocho y diez matafuegos. La magnitud del fuego hizo que se derrumbara el primer piso.

Durante la investigación a cargo de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°38, Betina Vota, se comprobó que en la planta baja funcionaba el taller textil, con 37 máquinas de costura.

Según consta en la causa, las víctimas cobraban $50 en concepto de “vales de fines de semana”, lo cual presuntamente les era descontado de sus honorarios mensuales. Se demostró además que los acusados y los trabajadores no habían acordado un monto mensual y que los pagos dependían de las prendas terminadas por cada operario, cuyos valores variaban según el modelo de los pantalones (entre $0,70 y $1,20).

En el debate oral interviene el fiscal Fabián Céliz, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El juicio se reanudará el próximo viernes 13 de mayo.