Organizado por el área de educación a distancia de la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, finalizó ayer el curso “Persecución de los eslabones superiores en organizaciones criminales” dictado por un equipo docente de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR),  conformado por Eduardo Nogales, Diego Puñet y Érika Lovazzano.

La actividad fue realizada a través del webcampus del Ministerio Público Fiscal y es la segunda que se realiza con la participación de funcionarios de otro país: en este caso fueron 23 integrantes de la Procuraduría General Mexicana.

La asistencia virtual al curso de los funcionarios mexicanos tiene como antecedente un convenio de colaboración firmado meses atrás por los Ministerios Públicos de México y  Argentina.

En efecto, la procuradora Alejandra Gils Carbó y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de México (SJAI), Salvador Sandoval Silva, firmaron tiempo atrás un acuerdo para articular el trabajo entre ambos organismos en la persecución penal de la criminalidad organizada, en particular en organizaciones dedicadas al narcotráfico, corrupción y trata de personas y el lavado del dinero generado por esas actividades ilegales.

La actividad de capacitación tuvo como objetivo dotar de herramientas a los integrantes del MPF para abordar de manera más eficaz la persecución penal del crimen organizado concentrado en el tráfico ilícito de estupefacientes  y sus delitos conexos.

El debate

En el marco del curso, se pusieron diversos recursos de aprendizaje a disposición de los alumnos (textos teóricos, jurisprudencia, videos, entre otros), al tiempo que, la participación de agentes mexicanos fomentó un activo y fructífero debate internacional que permitió compartir experiencias sobre la legislación aplicada en cada caso y las formas de enfrentar estos delitos.

Según explicaron los docentes, la complejidad del abordaje de la temática vinculada con este tipo de delitos exige un esfuerzo adicional por parte del Ministerio Público Fiscal para diseñar, en la materia, una política criminal, una organización institucional y estrategias de intervención acordes con la gravedad, complejidad, magnitud y extensión de este fenómeno.

En este contexto, resaltaron la necesidad de continuar profundizando la capacitación de todos los operadores del MPF, teniendo en cuenta que más del 50% de las causas que tramitan en la justicia federal se relacionan con estos delitos.