Con el auspicio de la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ), el Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) organizó días atrás el Coloquio Preparatorio del XX Congreso Internacional de Derecho Penal que se realizará en 2019 bajo el tema “Justicia criminal y negocios de las corporaciones”.

Durante la reunión se discutió la responsabilidad penal de los miembros de personas jurídicas en delitos internacionales, especialmente los casos de complicidad, en todas sus formas.

El evento se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre el 21 y el 23 de marzo. Por la mañana, durante los tres días, los asistentes discutieron y redactaron resoluciones que serán presentadas en el futuro congreso mundial; por la tarde, en cambio, se desarrollaron mesas redondas con exposiciones de varios docentes.

La AIDP fue fundada en París el 14 de marzo de 1924 y es el resultado de una reorganización de la Unión Internacional de Derecho Penal (U.I.D.P.), fundada en Viena en 1889 por tres eminentes penalistas: Franz Von Liszt, Gérard Van Hamel y Adolphe Prins, que se disolvió al terminar la primera guerra mundial.

La Asociación constituye la más antigua organización mundial que reúne especialistas de las ciencias penales y una de las sociedades culturales más antiguas del mundo. Se ha ocupado, en particular,  de los problemas de derecho penal internacional y de la responsabilidad de los autores de crímenes internacionales. Así, por ejemplo, ha desempeñado un papel muy importante en el establecimiento de una corte penal internacional permanente.

La idea de realizar el Coloquio en la Argentina fue la de tratar los delitos cometidos desde las corporaciones o de la complicidad de las corporaciones en los delitos más graves que tienen alcance universal.

Participaron el presidente de la AIDP John Vervaele; la vicepresidente, Katalin Ligeti; el secretario general, Carlos Japiassu; el relator Stefano Manacorda; el presidente del Comité de los Jóvenes Penalistas, Roberto Carlés; el fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas, Marcelo Colombo y los miembros del Grupo Argentino, cuyo presidente es Javier De Luca, y lo integran varios empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal.