El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, denunció ante la justicia federal que los ex integrantes del gabinete de ministros nacional Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Alicia Kirchner, José Pampuro, Daniel Filmus, Horacio Rosatti, Carlos Tomada, Rafael Bielsa y Julio De Vido habrían abusado en su gestión del ejercicio de la función y quebrado la fidelidad asumida al simular la reunión de una serie de condiciones requeridas por la Constitución Nacional para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia. El fiscal de la PIA los acusó de administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso defraudatorio. Además, sugirió varias medidas cautelares.

En su denuncia, el fiscal Sergio Rodríguez explicó que debe investigarse si los ex funcionarios habrían participado de una maniobra que, por un lado habría beneficiado a la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos a través del mencionado DNU y, por otro, habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente $250.000.000,00 por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración pública. El titular de la PIA denunció también como partícipe al juez Gustavo L. M. Toquiera, cargo del del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, actuante en aquel APE.

Los hechos se habrían iniciado en 2005 cuando el presidente Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia S.A. mediante el DNU475/05.

De acuerdo con la presentación del fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo “habría exhibido una serie de graves irregularidades  -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención fiscal, etc- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado Nacional”. El beneficio habría consistido en la licuación por capitalización de una deuda de casi $ 250.000.000 que la empresa tendría con el Estado Nacional.  Ésta, según el fiscal, habría sido sustituida por un paquete accionario cuya valuación real, de acuerdo con la Subsecretaría de Servicios Financieros, rondaría entre $ 1.283.537 y $ 1.760.296 pesos.

Los hechos que se solicitaron investigar se habrían iniciado a mediados de 2005 cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 475/05 el régimen de promoción industrial otorgado inicialmente en 1976 y modificado en 1981 (inactivo hasta la fecha) a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. dedicada a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro. Por dicho decreto ALPAT  S.A. obtuvo beneficios y diferimientos fiscales por diez años, de modo tal que el Estado quedó obligado a no percibir ciertos impuestos por ese plazo.

En junio de 2006, la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral S.A, cuyos presidente y vicepresidente eran entonces, Fabián de Souza y Raúl Esteban Zamora, respectivamente, quienes también fueron denunciados por el fiscal Rodríguez. Luego, comenzó el proceso de saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Invesment SL, como también al Estado Nacional.

La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la dirección general de asuntos jurídicos) que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público.

El acuerdo fue presentado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 1 de Comodoro Rivadavia, cuya intervención -indicó el titular de la PIA- respondería a la elección previa o a intereses de la empresa.