El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, denunció ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional la posible comisión del delito de evasión tributaria agravada previsto en la ley 24.769, por parte del titular de una Cooperativa de trabajo limitada, tras una presentación que algunos de sus miembros asociados realizaron ante la Dirección General de Acceso a la Justicia.

La denuncia se produjo luego de que ATAJO remitiera a la Procuraduría especializada los testimonios de siete integrantes de una cooperativa que administra puestos comerciales en el partido de General San Martín, en un predio lindante a las vías del Ferrocarril Mitre, en los que se detalla la maniobra por la cual habría sido desplazada ilegalmente de su cargo la anterior presidenta de la entidad, y el cobro de onerosos alquileres, sin contrato de locación ni recibos de pago.

Los puestos de venta funcionan los días viernes, sábados y domingos entre las 10.00 y las 21.00, con excepción de los meses de diciembre y enero, cuando lo hacen durante quince días corridos. El predio habría sido cedido en comodato a la cooperativa por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y el plazo estaría por caducar. Sus inquilinos son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, según las 100 Reglas de Brasilia.

La denuncia consigna que el actual presidente de la cooperativa realizaba operaciones inmobiliarias y alquilaba semanalmente los puestos de feria por una suma que oscilaría entre los 700 y 1500 pesos por puesto, incluyendo un pago adicional de 700 pesos en concepto de expensas y de 600 pesos por día feriado. Los feriantes señalaron que “esos montos eran modificados unilateralmente por el presidente, y que en el mes de diciembre de 2016 la suma del alquiler alcanzó los $18 mil por puesto”, no obstante lo cual “no se entregaba a los inquilinos copia del contrato de locación, como así tampoco de los respectivos comprobantes de pago”.

Medidas de prueba

En su denuncia, el fiscal general Pérez Barberá sugirió la producción de seis diligencias de instrucción, que podrían resultar útiles para la investigación de las conductas delictivas observadas (artículos 193 y 199 del Código Procesal Penal de la Nación).

Las medidas solicitadas procuran “impedir el disfrute de los bienes a quienes los obtuvieron ilícitamente, con la finalidad de que sean devueltos a la sociedad, debiendo para ello adoptarse las medidas necesarias para no frustrar su recupero”.