El juez federal de Santa Fe Francisco Miño dictó hoy el procesamiento de los oficiales de empresa del Banco de Galicia Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, y de los oficiales de cuenta de Valfinsa Bursátil S.A., Flafio Meijome y Antonio Iturrioz , como autores del delito de lavado de activos -unos 40 millones de pesos en 2012- provenientes de la sustracción de ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de Bolsafe Valores, e igual medida adoptó con quienes consideró partícipes primarios de ese delito: el ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia, Silvio Ariel Gómez, el oficial de cumplimiento del Banco de Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Guillermo Juan Pando, y el oficial de cumplimiento de Valfinsa ante la UIF, Leonardo Perrotta.

En la misma resolución de 136 carillas que responde al pedido del fiscal Walter Rodríguez y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el magistrado además amplió el procesamiento del titular de Bolsafe y único detenido con prisión preventiva, el contador Mario José Enrique Rossini, como autor del delito de lavado de activos y le fijó un embargo de 30 millones de pesos.

Para el resto de los autores, el embargo ascendió a 10 millones de pesos, mientras que para los considerados partícipes primarios de la maniobra fue fijado en 1 millón de pesos.

El titular del Juzgado Federal N°2 dictó asimismo las faltas de mérito para el oficial de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la UIF, Enrique Mariano Garda Olaciregui, y el ex gerente del Banco Galicia de Santa Fe, Esteban Marin, por considerar que no estaba probado el lavado de dinero en las fechas en las que ambos prestaron aquellas funciones.

El 10 de marzo pasado, el fiscal Rodríguez, el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, y el coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios de esa Procuduría, Néstor García Paradiso, habían insistido con el pedido de indagatoria para los implicados en el delito de lavado de activos solicitado en mayo de 2014 y habían ampliado por nuevos imputados. Ambos pedidos fueron parcialmente aceptados por el juez, que el 23 de abril pasado fijó las declaraciones indagatorias.

En aquellas oportunidades, los fiscales -quienes llegaron a individualizar a más de 400 víctimas de la estafa- pusieron de relieve que la normativa antilavado se basa en dos pilares: las entidades financieras, como en este caso el Banco de Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil, tienen la obligación de recabar información de sus clientes -tal la calidad de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, ambas manejadas por Rossini- para conocerlos y trazar su perfil, y también deben informar cualquier hecho u operación sospechosa a la UIF, autoridad en la materia.

La normativa -que responde a los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- fue repasada por el juez en el auto de procesamiento notificado hoy.

Miño recordó las maniobras defraudatorias que ya dio por acreditadas -en procesamientos que se encuentran firmes- en los primeros pasos de esta causa y que originaron ilícitamente el dinero que luego fue lavado. La operatoria era la siguiente: Bolsafe transfería los valores de sus clientes a otra empresa de Rossini, BV Emprendimientos S.A., sociedad había declarado como actividad principal el desarrollo y la comercialización de software. Esa firma, luego, liquidaba los títulos en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil.

"A partir de estas transferencias iniciales, esos valores desapoderados entraban en un circuito que, en algunos casos, habría generado sucesivas transferencias entre estas cuentas y las cuentas operativas de Bolsafe Valores en la misma sociedad de bolsa, hasta que, finalmente, en la mayor parte de los casos, se habría procedido a la liquidación -venta- de las especies, previo paso -en el caso de las operaciones cursadas a través del Banco Galicia-, por alguna de las cuentas comitentes que registraba esta entidad en una empresa del mismo grupo: Galicia Valores Sociedad de Bolsa. Una vez convertidos dichos valores negociables en dinero, el producido de esas liquidaciones se habría depositado, de forma habitual y continua, en la cuenta corriente N° 95070797 de BV Emprendimientos en el Banco Galicia", describió el magistrado.

Software peligroso

El juez puso de resalto que todas esas operaciones que "Van de Velde y Yah Yah habrían manejado", se "habrían llevado a cabo con la consecuencia posible de que los bienes adquieran la apariencia de un origen lícito, sin advertir que el gran volumen de títulos transferidos provenían de un cliente (BV Emprendimientos) cuyo objeto social -conocido por ellos- se relacionaba principalmente con el desarrollo y comercialización de software".

Frente a este cuadro, Miño consideró que "existen numerosos indicios que conducen a sostener que Rossini [como titular de Bolsafe y BV Emprendimientos] habría desarrollado maniobras tendientes a darle licitud a fondos que habría obtenido como consecuencia de los desapoderamientos". El juez calculó aquellos fondos en 40 millones de pesos al menos entre abril de 2012 y febrero de 2013.

Para el juez, está acreditado que Van de Velde y Yah Yah, en su carácter de oficiales de Clientes Empresas del Banco Galicia, "se habrían encargado del manejo de las cuentas de Rossini y de las sociedades a su cargo", por lo cual "conocían las actividades a que se dedicaba la empresa BV Emprendimientos".

El magistrado señaló que "resulta llamativo" y "debió haber sido advertido por el Banco Galicia" que "las actividades relacionadas con software sean mencionadas en dos puntos del estatuto social" de BV Emprendimientos, pero que "las operaciones desarrolladas por BV Emprendimientos por intermedio del banco en ningún caso se hayan relacionado con ese tipo de actividades". El juez consideró que ambos oficiales de cuenta "habrían conocido" que el origen de esas especies "provenían del desapoderamiento efectuado por Rossini a sus comitentes, pero, además, en algunos casos de una oferta irregular".

En tanto, sobre la responsabilidad de Iturrioz y Meijome como oficiales de cuenta de Valfinsa Bursátil, el juez remarcó que las operaciones cursadas por BV Emprendimientos "tampoco encontraban fundamento, si se tiene en cuenta el objeto social de la empresa".

Miño señaló que Rossini, Van de Velde, Yah Yah, Iturrioz y Meijome "habrían instrumentado operaciones que, de acuerdo a las conclusiones a las que arribó la UIF y que se comparten, no tendrían justificación, permitiendo concluir que se habrían efectuado con el fin de darle apariencia de ilicitud al producido de la liquidación de los títulos desapoderados a los comitentes de Bolsafe Valores".

Respecto de la situación procesal del gerente de la sucursal Santa Fe del Galicia, Silvio Gómez, el juez consideró que "ha prestado colaboración" y que "brindó una cooperación que, en principio aparece como dolosa y se traduce en una ayuda o cooperación de especial relevancia" a los autores Van de Velde y Yah Yah.

Finalmente, sobre los oficiales de cumplimiento Pando, de Banco Galicia y Galicia Valores, y Perrotta, de Valfinsa Bursátil, el juez consideró que no cumplieron con los deberes de control antilavado que la normas y reglamentos les asignan. En el caso de Pando, indicó, "habría participado de la maniobra desarrollada por Van de Velde y Yah Yah, al permitir que aquellos desarrollen las operaciones bursátiles sin control ni limitación alguna". Igual consideración tuvo el juez acerca de la conducta Perrotta respecto de Iturrioz y Meijome. Concretamente, las obligaciones de ambos oficiales de cumplimiento eran reportar a la UIF las operaciones sospechosas, tanto por sus propias características como por apartarse del perfil de cliente.