La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso del fiscal general ante la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y revocó la prisión domiciliaria que el tribunal de alzada rosarino había concedido a Mario José Enrique Rossini, principal acusado de la estafa a cientos de ahorristas en Santa Fe mediante la sociedad de bolsa Bolsafe Valores.

Con la firma de Juan Carlos Gemignani, Ana María Figueroa y Luis María Cabral, el máximo tribunal penal de la Nación dio razón a los fiscales, quienes habían recurrido la decisión de la Cámara Federal de Rosario porque se sustentaba "en la sola voluntad de los jueces que la suscriben": la conclusión a la que había arribado al tribunal se contradecía con el peritaje médico que validaba la continuidad intramuros de un tratamiento psicológico para Rossini.

Los camaristas rosarinos habían afirmado en su fallo que "los tratamientos específicos a los que el imputado debe ser sometido no se habrían atendido con la premura necesaria", aunque el peritaje había sido contundente al señalar que el cuadro de crisis de llanto y angustia que padecía Rossini "tendría una adecuada y permanente atención especializada en el penal".

Geminani señaló en su voto -al que adhirió Cabral- que "la fundamentación otorgada en el auto recurrido es a mi juicio insuficiente, toda vez que no surgen razones concretas para concluir que el alojamiento de Rossini en un establecimiento penitenciario encuentre fundamento en las razones humanitarias que inspiran la aplicación del instituto [de la prisión domiciliaria], como tampoco se vislumbran circunstancias que ameriten hacer una excepción a las prescripciones establecidas en la ley".

La camarista Figueroa, en tanto, votó en el mismo sentido que sus colegas y señaló que los fiscales y los querellantes "han demostrado acabadamente que la decisión adoptada por la cámara a-quo [por la de Rosario] no se encuentra fundada en ningún supuesto que legalmente autorice a que Mario José Enrique Rossini a encontrarse en arresto domiciliario, y ha prescindido de las constancias reunidas en la causa". Destacó también que el imputado "cuenta desde su ingreso a la unidad carcelaria con una adecuada y permanente atención de tipo personalizada".

"El arresto domiciliario concedido no encuentra fundamentos en los informes médicos y en la consecuencia, no encuadra en los supuestos que prevé la legislación vigente en los artćiulos 10 CP, 32 de la ley 24.660 [de Ejecución Penal]", remaró Figueroa.

En el recurso de casación, Palacín y Gonella habían sostenido que la decisión de la Cámara rosarina "lesiona el principio de legalidad" y que constituye una "violación flagrante del principio de igualdad". Y en ese sentido se preguntaron: "¿Quién podría sostener sin sonrojarse, a la luz de la percepción que la sociedad tiene acerca de la eficacia de nuestro sistema judicial de investigar, juzgar y aplicar las normas acerca de la prisión preventiva y de la ejecución de las penas, que no es cierto que los imputados de los denominados 'delitos de cuello blanco o guante blanco' gozan de privilegios especiales sobre o a diferencia del resto de las personas encarceladas?".

Conocida la resolución del máximo tribunal penal, el fiscal de primera instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien instruye la causa seguida a Rossini con la asistencia técnica de la Procelac, puso de relieve que "la decisión de la Cámara de Casación se suma a otras anteriores que resultaron favorables a los posicionamientos del MPF, entre las que encontramos la denegatoria de la excarcelación de Rossini, el rechazo de un pedido de nulidad formulado por su defensa, y el traspié sufrido por los integrantes del Mercado de Valores del Litoral en el marco del incidente de falta de acción promovido por el abogado que los asiste".