El juez federal Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Tucumán, ordenó el 20 de diciembre pasado el procesamiento con prisión preventiva de Rubén "la Chancha" Alé, Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suarez y Roberto Dilascio al considerarlos responsables por el delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida había sido solicitada por los fiscales Carlos Gonella y Carlos Brito en noviembre pasado

La decisión del magistrado está basada en considerar a los imputados como responsables del delito de "lavado de activos de procedencia delictiva agravado por su comisión en banda y por integrar una asociación ilícita", en la que Rubén Ale revestiría el carácter de jefe.

Según la acusación de los fiscales, esta asociación estaba destinada a la ejecución de múltiples delitos de acción pública, como lo es la trata de personas, por ejemplo, y con el objeto de conseguir un rédito económico, y que luego fue objeto de concretos actos de administración para brindarle apariencia de "procedencia lícita".

Los fiscales Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y Brito, de la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, había requerido semanas atrás la detención de Alé y del resto de los imputados siguiendo los lineamientos sobre encarcelamiento provisional fijados por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario “Díaz Bessone".

Allí se detallaron las razones por las cuales correspondía ordenar la detención de los imputados, al hallarse "serios riesgos de fuga de los acusados y ante el posible entorpecimiento de la investigación en curso, lo que importa una amenaza para el aseguramiento de los fines principales del proceso, a saber: el descubrimiento de la verdad material y la realización de la ley sustantiva".

Los fiscales argumentaron como “las propias características de los hechos investigados revelan la existencia de un numeroso grupo de sujetos, con una organización piramidal y de carácter estable durante años, con graves planes criminales diversificados, permanentes y orientados a la generación de un producto económico apreciable, dotados además de un amplio poder de fuego dispuesto para la defensa del grupo y con aceitadas vinculaciones con las fuerzas de seguridad".

Según los representantes del Ministerio Público "esto representa un elemento de peso, imposible de soslayar, para conjeturar la posible utilización de sus capacidades y herramientas dirigidas a torcer en su favor el curso del proceso judicial”.

Además recordaron como muchos de los testigos que prestaron declaración en el marco de juicio del caso de Marita Verón (cuya sentencia absolutoria fue recientemente revocada por la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán), dieron cuenta de haber sufrido amenazas, coacción y otras situaciones violentas por parte de quienes buscaban evitar que prestaran testimonio, ya que sus dichos podrían perjudicarlos.

Por otra parte, Gonella y Britos alertaron sobre la relación del grupo de imputados con integrantes de fuerzas policiales provinciales (como lo indican las constancias de la causa por la privación ilegítima de la libertad de Marita Verón), y como dichas vinculaciones podrían ser utilizadas para evadir el accionar judicial.

La causa

El proceso fue impulsado por Susana Trimarco, como presidenta de la “Asociación Civil María de los Ángeles Verón” y por la Unidad de Información Financiera, que actua en la causa como parte querellante. Fue iniciado por la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación.

La UIF había detectado diversas maniobras sospechosas de los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.

El 18 de octubre pasado el juez Poviña dispuso llamar a declaración indagatoria a doce personas, dividiéndolos en tres grupos: los que tenían que responder por asociación ilícita y lavado de dinero, los que exclusivamente debían responder por lavado y, por último, la que debía declarar únicamente sobre el cargo asociación ilícita, Daniela Milhein, quién fue absuelta en el juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón.

Poviña hizo lugar a lo solicitado en su oportunidad por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, destacando que “valorados sus fundamentos y las constancias, vale decir el plexo probatorio obrante en autos, estimo que existe prueba suficiente –en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, “motivo bastante”- para llamar a prestar declaración indagatoria”.

El pedido de indagatoria había sido solicitado por los fiscales José Díaz Vélez, que estuvo interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de la ciudad de Tucumán, y Carlos Gonella junto con Omar Gabriel Orsi, por parte de la Procelac.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron en su pedido de indagatoria que se pudo comprobar que los acusados integran una “asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, al menos desde el año 2002 e ininterrumpidamente hasta la actualidad, destinada a la comisión de múltiples delitos de acción pública con el objeto de conseguir, en la mayoría de los casos, un rédito económico”. Entre esos delitos, se encuentra la trata de personas.

Díaz Vélez, Gonella y Orsi sostuvieron que la organización contaba con una importante estructura funcional al blanqueo de los fondos obtenidos en forma ilícita, caracterizada por la“diversificación de actividades, circulación y aprovechamiento regular de la productividad económica del grupo delictivo”, distinguiéndose el aporte esencial de Adolfo Ángel Alé, Andrea Viviana Acosta, Ángel Adolfo Alé, María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone.

Todos ellos, indicaron los fiscales, fueron quienes intervinieron directamente en los negocios concretados con los fondos obtenidos de la actividad de la organización, y simulaban tener la titularidad de los bienes para ocultar su procedencia real.