El fiscal general Carlos Gonella pidió ayer a la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que confime los procesamientos de los 20 ejecutivos argentinos y franceses y empleados del banco BNP Paribas por su participación en lavado y fuga de más de mil millones de dólares a través de una oficina clandestina que funcionaba en una sede de la entidad crediticia en Buenos Aires. "Solicitamos el rechazo de las apelaciones y pedimos que se nos dé la posibilidad de debatir esto en juicio oral y público", dijo Gonella, que llevó la voz de la Fiscalía, también representada en la audiencia por la fiscal del caso, Paula Asaro, y el fiscal de la Procuración General, Horacio Azzolín.

"Estamos frente a un caso paradigmático sobre funcionamiento ilegal del sistema financiero", cerró Gonella. La intervención de los fiscales se dio en el marco de la audiencia convocada por los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimoldi para escuchar los argumentos de las defensas de los imputados contra el auto de procesamiento dictado por el juez de instrucción Osvaldo Rappa a fines de junio pasado. Los jueces intervinieron con preguntas a las partes y tomaron nota, y anunciaron que, una vez que arriben a una decisión, la notificarán por vía electrónica.

La audiencia se celebró durante cinco horas en una sala del quinto piso de la sede de la Cámara, en Viamonte 1147. Hasta allí llegaron más de una decena de abogados defensores, acompañados por varios de los imputados e imputadas, que presenciaron -en primer lugar- las intervenciones de sus representantes legales, la de los representantes legales del Banco Central (BCRA), que es querellante, y las de la Fiscalía, en ese orden. La Unidad de Información Financiera (UIF), que también es querellante, no acudió a la citación.

En su intervención, Gonella rechazó el pedido de uno de los defensores para que se declare la inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita por el que fueron procesados. El fiscal destacó la reciente condena y multa impuesta por el BCRA al BNP y a sus directivos en el marco de un expediente administrativo iniciado por estos hechos en la entidad rectora en materia monetaria.

Según informó en la audiencia el abogado del BCRA, el BNP fue condenado el mes pasado a pagar una multa de 16,3 millones de pesos, así como a sus directivos Armand Augustin Abeillon, Michel Michael Basciano y Philippe Yves Henri Joannier se les impusieron montos igualmente millonarios, pero menores. Esa sanción fue apelada y se encuentra pendiente de resolución en el fuero contencioso administrativo.

Ante las exposiciones previas de los defensores y defensoras, que criticaron la valoración de la prueba y que el juez Osvaldo Rappa hubiera realizado un "copy and paste" (sic) de los escritos de la Fiscalía, Gonella explicó y ratificó el modelo de imputación, el valor probatorio de los documentos secuestrados en la causa y expuso acerca del funcionamiento ilegal del sistema financiero y sobre "los efectos nocivos que genera en economías como la nuestra el fenómeno de la fuga de divisas".

Indicó que, en el caso, "el BNP identificó activos que querían ser extraídos del sistema y brindó la plataforma para hacerlo". Con ello, aludió a la operatoria que, desde el piso 25° (unidad funcional 27) del edificio donde funcionaba el BNP, en Alem 855, se llevó adelante entre 2000 y 2008 para captar clientes con dinero no declarado al fisco que querían mantenerlo fuera del sistema financiero local. A través de esa oficina, denominada de Clientela Privada Internacional, el banco ofrecía la colocación y administración de esos fondos en el exterior. Para hacerlo, utilizaba sociedad extranjeras, que oficiaban como cuentas de paso para que el dinero culminara en las sucursales que BNP tiene en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas.

Gonella señaló que "los hechos están probados porque hay serios indicios" sobre aquella maniobra y exhibió uno de los correos electrónicos escritos por el encargado de aquella oficina, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, fechado el 13 de abril de 2005 en el que se dirige a otra de las oficinas off shore del BNP y le explica a un agente la situación de un cliente. El correo, leyó el fiscal, dice al respecto que "el dinero [de ese cliente] parece que no está declarado ante las autoridades fiscales" y le solicita al interlocutor que "por favor tome recaudos para no hablar por teléfono" de este tema.

El fiscal general, que durante su gestión en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) viajó a Francia el año pasado para pedir la colaboración de organismos del Estado de ese país en la causa, explicó en la audiencia la normativa internacional violada por el BNP y sus operadores en Argentina y expuso sobre los estándares fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que forma parte nuestro país. La descripción que hizo Gonella sobre el fenómeno criminal del que participan las entidades financieras para la fuga de divisas fue luego calificada por uno de los abogados de la defensa como "alegato ideológico" (sic).

Al hablar sobre esas violaciones, Gonella recordó el traspaso al BNP en 2006 de clientes del Banco ING con este tipo de cuentas e, incluso, del personal en Buenos Aires que manejaba esas cuentas. Señaló al respecto que, cuando se realizó esa transferencia de cuentas, no se llevó a cabo el control que las entidades bancarias deben llevar adelante sobre el conocimiento del cliente y el origen de los fondos.

Por su parte, los defensores y defensoras pidieron el sobreseimiento o, en su defecto, el dictado de la falta de mérito de sus representados, aunque hubo quienes requirieron la nulidad del auto de procesamiento. Todos, además, reclamaron enérgicamente que, en el caso de que se confirme la resolución de Rappa, se reduzcan los montos de los embargos dispuestos, a los que calificaron de "estrafalarios" y de "disparate", dado que en total suman más de 12 mil millones de pesos. Es el monto más alto de un embargo dictado en Argentina.