Tras una exhaustiva compulsa de la documentación secuestrada y las pruebas producidas en el trámite del expediente en el que se investigan delitos económicos desde la financiera CBI Cordubensis, el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari reformuló el requerimiento de instrucción e imputó y solicitó la indagatoria de 33 operadores y empresarios vinculados a una asociación ilícita dedicada a diferentes maniobras delictivas de "guante blanco".

Senestrari explicó a Fiscales que esta nueva presentación es producto de "un análisis más profundo" de todos los expedientes que integran las maniobras investigadas, que le permite a la fiscalía expedirse "con más detalles". "La causa es de enorme complejidad y nuestro primer requerimiento era de un análisis poco profundo. La investigación fue derivando en causas satélites. Cuando las pudimos tener organizadas, las juntamos a todas y nos expedimos", explicó el fiscal.

La lista de sospechosos está encabezada por el presidente y gerente general de la firma, Eduardo Daniel Rodrigo, e integrada además por socios de la financiera, una escribana y empresarios de diferentes rubros, sindicados como miembros de una asociación ilícita dedicada a la realización de diferentes maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones al régimen penal cambiario, estafas a particulares y lavado del dinero proveniente de esas actividades ilícitas. Senestrari describió esas conductas a lo largo de 76 hechos indidividualizados, en los que se narra la participación que le cupo a cada imputado.

Los delitos incluyen millonarias evasiones de impuestos a los ingresos brutos y, especialmente, al impuesto a los débitos y créditos bancarios, denominado "impuesto al cheque", dado que los cheques obtenidos en diferentes maniobras para obtener réditos, como el pago al portador de un precio menor al indicado en el documento, eran depositados en cuentas de firmas exentas del tributo. Hay dos firmas involucradas en movimientos de 500 millones de pesos y más de 200 millones de pesos.

La investigación es derivación de la muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, cuyo cuerpo apareció el 13 de febrero en el interior de una camioneta Toyota Hilux, junto a un bidón de nafta, en la localidad de Alta Gracia.

Tras la muerte, la pareja de Suau entregó dos cartas con el mismo texto que había dejado Suau guardadas por si le pasaba algo. Una de las misivas estaba dirigida al presidente de la Cámara Federal, Ignacio Vélez Funes, y la otra al fiscal Senestrari. El mensaje fue el inicio de un intrincada investigación que la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba comenzó a develar con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Nombres, empresas, maniobras

Los socios de CBI Cordubensis Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano fueron sindicados por el fiscal como "beneficiarios de la actividad ilícita", dado que "ofrecían a clientes de la firma los servicios que fuera de la ley la misma prestaba y además habrían efectuado aportes de capital para que las continuara desarrollando".

Senestrari también imputó al encargado de la sucursal Rivadavia de CBI Cordubensis, Luis María de Los Santos, quien "se habría encargado de firmar contratos de asistencia financiera y hacer firmar a los otorgantes que los formalizaban en la sucursal a su cargo", y a la escribana Doris Liliana Puccetti, quien "habría certificado la firma de Rodrigo en por lo menos 420 contratos de asistencia financiera otorgados por los clientes de la firma CBI, con la finalidad de darles fecha cierta a los mismos y a modo de garantía para los otorgantes". A la notaria también se le atribuye haber "efectuado aportes de capital para que la firma continuara desarrollando la actividad de intermediación financiera ilegal" y haber omitido dar aviso a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la actividad desplegada por la firma, en su carácter de "sujeto obligado" a informar en el marco de la ley antilavado.

El requerimiento también alcanza a José María Núñez, encargado del sistema informático contable de CBI, a quien el fiscal imputa haber "desarrollado un sistema que registraba las operaciones comerciales formales y marginales de la firma".

Además, fue imputado Víctor Alaniz, socio de Eduardo Rodrigo en la firma Inalta S.A., a quien se atribuye haber facilitado su cuenta bancaria para que CBI depositara dinero a sus clientes de la operatoria ilícita, "facilitando que evadieran sus obligaciones tributarias y vieran luego reflejados dichos depósitos en la cuenta que tenían en CBI". La misma maniobra fue imputada a Antonio Casado, socio de Compañía Procesadora de Café Fino S.A.

Otros imputados son Miguel Ricardo Vera, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Romina Veronica Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo y Jorge Osvaldo Castro, quienes constituyeron una firma para la supuesta actividad de venta al por mayor y menor de diarios y revistas, que no está gravada con los impuestos a los ingresos brutos y al cheque. Desde esa empresa, que no tuvo actividad comercial, abrieron una cuenta bancaria que, de acuerdo a la descripción de la fiscalía, permitió canalizar parte de la operatoria de Cordubensis con "un número no determinado con exactitud hasta el momento de cheques adquiridos en el marco de la actividad de intermediación financiera ilegal", pero por una suma cercana a los 500 millones de pesos entre 2012 y 2014. El dinero "era luego extraído y reingresado en efectivo a CBI para reiterar la operación", indicó el fiscal.

A Vera también se lo acusa de haber constituido otra firma con los imputados Olga Beatriz Divina, Hugo Marcelo Páez y Lucas Sebastián Bulchi, que tenía el objeto de recaudar cobranzas de cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, actividad que también está exenta del denominado impuesto al cheque. Esta empresa, que tampoco realizó la actividad declarada, utilizó su cuenta bancaria para el depósito de cheques provenientes de la actividad de intermediación financiera ilegal realizada por Cordubensis por un total de 213 millones de pesos entre el 1° de mayo de 2013 y el 31 de mayo de este año, indicó el fiscal.

En tanto, a los imputados Diego Ariel Sarrafian, Griselda Eugenia Leal y Carla Vanesa Leal se les atribuye haber aportado "valores mediante el ingreso de cheques que eran aplicados para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI" y, en la etapa final de las actividades de la financiera, "habrían contribuido a su vaciamiento mediante el ingreso de cheques incobrables a cambio del retiro de valores cobrables".

La lista de imputados también incluye a Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda, quienes "habrían aportado capital para el desarrollo de las actividades de Cordubensis". Entre otras maniobras, se les imputa haber firmado contratos con determinados clientes a quienes ofrecían en garantía de su cumplimiento automóviles de la empresa Centro Motor S.A., que administraban. También, indicó el fiscal, utilizaron a la empresa Compañía Financiera Toyota S.A., exenta del impuesto al cheque, para depositar en sus cuentas bancarias los cheques provenientes de las actividades ilícitas y, de esa forma, evadir además el impuesto correspondiente.

Entre los imputados también se encuentra el empresario Alejando Miguel Yacopini, quien habría aportado capital a CBI y, en su carácter de representante de la firma Yacopini Inversora S.A., habría depositado en las cuentas de Compañía Financiera Toyota S.A. "un número hasta el momento no determinados de cheques adquiridos por CBI en su operatoria ilícita de descuento de cheques", aprovechando también la exención del impuesto.

Otro imputado es José Luis Weissbein, quien, según la fiscalía, "se habría encargado de aportar capital" para las actividades ilegales de CBI y durante 2013 habría convenido con Rodrigo la utilización de fondos de la firma para la constitución en San Juan de la empresa Rosa del Oeste S.A., "mediante la cual la asociación ilícita se dedicaría a la realización de operaciones financieras clandestinas".

También fue imputado Guillermo Antonio Mateos, quien habría acordado con Rodrigo "el depósito de dinero proveniente de alquileres de departamentos de un complejo llamado Lake Buenavista Resort" en la cuenta perteneciente a Alaniz. Esa operatoria le habría permitido a Mateos ocultar los ingresos de su actividad comercial correspondiente a los años 2012 y 2013 y, de esa forma, evadir los tributos correspondientes.

Transporte, tarjetas y beneficio extra

Entre los imputados también figura el director de la empresa Rivelux S.A., Carlos Forconi, quien formó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a varios socios de Cordubensis -también sindicados en la causa- para prestar servicio a Siemens IT, contratarada por la Municipalidad de Córdoba para la distribución y recaudación del sistema de cobro de viajes por medio de tarjetas electrónicas. La UTE, en connivencia con Siemens, habría realizado maniobras que les habrían permitido evitar el tributo del impuesto al cheque durante el 2012 por un monto superior a los dos millones de pesos.

Por este mismo hecho están imputados los directivos de Siemens IT Solutions and Services Juan Dabusti, Raúl Alberto Toscano y Carlos Abril. Todos los acusados habrían "acordado valerse de una de las cuentas que se utilizan para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte" para "hacer ingresar los valores provenientes de la actividad de intermediación clandestina y monetizarlos, para lo cual la firma concesionaria habría puesto a disposición de la UTE la mencionada cuenta".

En ese contexto, desde octubre de 2011 hasta junio de 2012, la UTE habría desviado parte del dinero proveniente de la venta, carga y recarga de tarjetas electrónicas "para realizar operaciones de descuento de cheques en las sucursales de la financiera CBI y de esa manera obtener un beneficio económico extra al estipulado en los contratos celebrados".

Ese dinero habría sido depositado por los apoderados de la firma Siemens IT, Sebastián Viano y Federico Pucheta, también imputados en el requerimiento del fiscal Senestrari.

"Una vez que los montos se acreditaban en la cuenta puente, eran transferidos a la cuenta bancaria 'Fondo de transporte', cuenta estipulada en el contrato de concesión para el depósito de la recaudación, ocultando de esta manera las operaciones de descuento de cheques que la UTE realizaba con el dinero recaudado", indicó el fiscal.