El juicio a once personas acusadas de integrar el clan Loza, una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España, comenzó ayer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, a través de la plataforma virtual Zoom. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta.

Los imputados e imputadas afrontan la acusación de “haber formado parte de una asociación criminal de carácter transnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes”, según detalló el titular de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, Pablo Turano, y el fiscal Iglesias en el requerimiento de elevación a juicio. Los delitos que se les endilgan a Erwin Raúl Loza, Gonzalo Daniel Loza, Gerardo César Guccione, Alan Iván Loza, Clara Luz Fernández, Juan Carlos Fernández, Eduardo Javier Silveira López, Natalia Soledad Grosso, William Weston Millones, Américo Alfredo Santi y Estela Mari Gallo son asociación ilícita, contrabando de divisas en grado de tentativa agravado por su cantidad y por haberse cometido por tres o más personas y lavado de activos agravado por su habitualidad.

En la audiencia celebrada ayer, las defensas realizaron planteos preliminares que fueron respondidos por el Ministerio Público Fiscal, representado en la audiencia por el fiscal Pérez Barberá y el auxiliar fiscal de la PROCUNAR, Matías Álvarez. Entre otras peticiones, los defensores requirieron el otorgamiento de prisión domiciliaria para las personas acusadas, siete de ellas actualmente detenidas con prisión preventiva. Tras la oposición de la fiscalía, el tribunal rechazó los pedidos.

Por otro lado, el MPF coincidió parcialmente en el planteo de las defensas para que se instrumenten mejoras en las condiciones de escucha y visualización de las audiencias del debate para los procesados que se encuentran detenidos en el Complejo Penitenciario Federal N°2. El tribunal ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que lleve a cabo medidas para que se garanticen los derechos de las defensas. Tras la conclusión de los planteos preliminares, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el lunes 7 de junio.

El caso

La pesquisa sobre la estructura criminal tuvo como inicio la detención de dos personas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaron ingresar al país con 365.800 euros escondidos en tres valijas proveniente de Madrid en noviembre de 2017. A partir de allí, un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia llevó adelante la investigación que permitió identificar a los miembros de la organización y a su operatoria.

Según la acusación, la organización ilícita denominada “Familia Loza” tenía como objetivo el tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España); el contrabando de divisas desde Europa hacia el país y el manejo de los recursos económicos producidos para mantener vigente y funcional a la estructura delictiva. Según detalló la fiscalía, la estructura funcionó de forma estable desde el 2008 hasta 2018, con una división de tareas entre sus integrantes. “Las incalculables ganancias de esa actividad ilícita que se desplegó durante más de diez años fueron canalizadas a través de la adquisición, tanto en Argentina como en otros países, de otros bienes muebles e inmuebles para dar una apariencia de licitud al patrimonio de estas personas”, había señalado el MPF en el requerimiento de elevación a juicio.

Además, la fiscalía sostuvo que, si bien el objetivo de la banda era “el tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente el contrabando desde la Argentina hacia el Reino de España, también necesariamente se dedicaron al contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional (retorno del dinero) y al consecuente manejo de los fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura”.

Según se acreditó en la etapa de instrucción, la organización poseía múltiples modalidades para el transporte de la droga. El contrabando podía ser concretado vía aérea, mediante avionetas que cruzaban el océano Atlántico hacia España, con procedencia desde Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil. También era utilizada la vía marítima, mediante el traslado de embarcaciones de empresas de confianza. En los cargamentos se camuflaban unos 30 o 50 kilos de cocaína. Finalmente, la organización utilizaba la vía terrestre, a través de motos y vehículos de mediano y gran porte, para trasladar la droga dentro del continente europeo.