El Ministerio Público Fiscal y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social firmaron un convenio de cooperación y asistencia para mejorar el sistema de prevención e investigación de grupos que utilizan las nobles estructuras de las asociaciones mutuales y cooperativas para la comisión de delitos económicos, particularmente infracciones al Régimen Penal Cambiario, usura, evasión impositiva, intermediación financiera y lavado de activos.

El documento se basa en la importancia de fortalecer las relaciones institucionales y la coordinación de esfuerzos con el fin de potenciar las capacidades operativas de ambos organismos, persigue generar un marco general de cooperación, colaboración y gestión recíproca de información, de carácter público, y la organización de actividades de capacitación conjunta. Asimismo establece la asistencia y asesoramiento en la elaboración y presentación de denuncias y en la realización de investigaciones preliminares que involucren a entidades de la economía social. La colaboración se realizará sobre bases de igualdad y beneficio recíproco potenciando sus niveles de acción, de acuerdo con sus posibilidades y experiencias.

Durante el año 2016, la Procelac, a partir de la realización de investigaciones preliminares, en la que se contó con la colaboración del INAES, realizó 22 denuncias penales (13 de ellas en Capital Federal, cinco en Córdoba, tres en Santa Fe y uno en la Provincia de Buenos Aires) vinculadas a diversos tipos de irregularidades detectadas en la operatoria de 31 cooperativas de crédito y mutuales, por un monto superior a $ 16.348.000.000.

Participaron en la sede del INAES los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica, Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, y el presidente del INAES, Marcelo Collomb. El acto contó con la presencia del secretario de Contralor de INAES, Jorge Mosteiro, y otros funcionarios de ese organismo.