El Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conjuntamente con personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal  (DATIP), se encuentran desinterviniendo y organizando la numerosa documentación secuestrada a raíz de los doce allanamientos practicados el 26 de diciembre de 2016 en el marco de una investigación que se sigue por la presunta desnaturalización del régimen aduanero de importación de mercadería a través del sistema de courier.

Sobre la base de la valoración de las constancias del expediente realizadas por la titular de la Fiscalía N° 4 al momento de solicitar los registros domiciliarios, se sospecha que al menos siete empresas privadas de courier importaban, vía aérea, mercadería de terceros en contradicción con la normativa vigente en la materia, principalmente en lo atinente a las cantidades admitidas e infringiendo el régimen de prohibiciones específicamente establecido para el tipo de elementos que pueden ingresarse al país por este régimen.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, encontrándose la investigación delegada en la Fiscalía N° 4, en los términos del art. 196 del CPPN.

Las tareas de desintervención se iniciaron el 15 de febrero de 2017 en oficinas de la Policía Metropolitana, una de las fuerzas que intervino en los procedimientos, y se encuentra actualmente en desarrollo en las oficinas de la DATIP.

El fin del trabajo conjunto entre las dependencias del Ministerio Público es cooperar con la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 4 con la sistematización y el análisis de las constancias recabadas en los procedimientos, que se realizaron en la Terminal de Cargas Argentinas (TCA), ubicada en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y en diferentes oficinas y depósitos de las empresas involucradas.

Por otra parte, el 21 de febrero del año en curso, la Dirección General de Aduanas realizó la verificación y aforo de la mercadería secuestrada en los mismos procedimientos, a efectos de determinar su valor en plaza.