El Juzgado Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, dispuso el procesamiento del contador público nacional Diego Eduardo Martínez, en orden al delito de  lavado de activos de origen delictivo, conforme lo estipula el artículo 278, apartado 1, inc a) del Código Penal, que se encontraba vigente  al momento de los hechos imputados. Asimismo, se dispuso trabar embargo sobre los bienes de Martínez hasta cubrir la suma de $885.000.000, así como su inhibición general de bienes.

En esa misma resolución, el Juzgado dispuso decomisar y, en consecuencia, requerir la repatriación de US$ 8.400.000 que se encuentran inmovilizados en Suiza e Islas Caimán correspondientes a las empresas “Mar Profundo Investment Ltd”, “La Angostura Investments Ltd” y “Midawey International  Corp.”.

Por último, el Juzgado citó a prestar declaración indagatoria a los ciudadanos uruguayos Mara Matozzo Menesses y Wilder González Penino, quienes participaron desde Montevideo, Uruguay, en la maniobra delictiva investigada.

Origen de la investigación

El expediente se inició con la investigación preliminar realizada por la Fiscalía Federal de Victoria, Entre Ríos, la que, en ese momento, estaba a cargo de José Ignacio Candioti. Posteriormente,  la investigación se judicializó cuando esa Fiscalía Federal se encontraba a cargo de Marina Herbel.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), actualmente a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, colaboró con la Fiscalía Federal en esta investigación, mediante la que se constató que Walter Luis Martínez, María Angélica Godoy y Miguel Luis Galli, fueron condenados por los delitos de falsedad   ideológica   de   instrumento   público     destinado   a   acreditar   la   identidad   de   las personas en concurso material con estafa procesal.  Los hechos por los que fueron condenados consistieron en que, a raíz de la muerte del señor José Alberto Reggiardo, se insertó falsamente en una escritura pública, el reconocimiento de filiación por parte del mencionado Reggiardo a favor de María Angélica  Godoy. Luego de ello, se procedió a su anotación marginal en el acta de nacimiento de la señora Godoy a fin de que ella, junto con Walter Luis Martínez, la presentaran en el proceso sucesorio de Reggiardo.

Mediante este accionar indujeron al error al juez de la sucesión, logrando de esa manera que Godoy fuera declarada como única heredera de Reggiardo, quien tenía un acervo   hereditario   estimado   en   más de US$20.000.000.

Se comprobó, mediante la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Victoria, que se generó una masa de dinero proveniente del delito originado en el desvío pecuniario de la mencionada herencia. Asimismo, se constató la existencia de una compleja maniobra de ingeniería financiera, que tuvo por finalidad dotar del mayor hermetismo posible a los fondos originados en ese quehacer delictivo. Esta estructura contaba con expertos operadores   del   sistema   (estudios   contables,   bancos,   entidades   financieras,   estudios jurídicos que operan en el país y en el exterior).

En función de ello, se evidenciaron las conductas tendientes a dar una apariencia formalmente lícita a los fondos delictivos, comprobándose que, utilizando el sistema financiero de la República Oriental del Uruguay (operaciones back to back), y personas jurídicas interpuestas (“Mar Profundo Investment Ltd”, “La Angostura Investments Ltd” y “Midawey International  Corp.”) los fondos culminaron en Suiza e Islas Caimán.