En un año y diez meses, el Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), prestó colaboración a fiscales de distintos puntos del país en un total de 43 causas penales, en tanto inició doce investigaciones preliminares de las cuales tres culminaron con denuncias ante la Justicia Federal.

Los datos fueron puestos de relieve durante la primera jornada de los encuentros sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica, que comenzaron ayer y están organizados por el Ministerio Público Fiscal y la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Las cifras revelan el dinamismo que adquirió la persecución penal de ese tipo de delitos económicos desde la creación de la Procelac por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a fines de 2012. En efecto, en los casi tres años y medio previos a la puesta en función de la Procuraduría a cargo del fiscal general Carlos Gonella, la otrora Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública había cooperado en 30 investigaciones judiciales. Ese órgano no había iniciado investigaciones preliminares pues no estaba facultado para hacerlo.

Desde el Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac, a cargo de Milton Khaski, se informó a Fiscales que "los índices revelan una marcada tendencia hacia la federalización de las asistencias, de las cuales la mitad se encuentran destinadas a fiscalías del interior del país. Así, mientras el 51,16% corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, el 16,28% a la Provincia de Buenos Aires, el 11,63% a Tucumán, el 9,3% a Santa Fe y el 2,33% a Córdoba, al igual que para Jujuy y Santa Cruz".

Asimismo, se informó que, en orden a los delitos investigados, "se advierte una preponderancia de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (30,35%) y enriquecimientos ilícitos (21,42%). El resto se divide entre defraudaciones por administración fraudulenta (12,5%), malversaciones de caudales públicos (12,5%), cohecho (8,92%), peculado (7,14%), entre otros".

Por otro lado, el área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac ha logrado formular denuncias penales -tras la tramitación de investigaciones preliminares- contra un ex jefe del Estado Mayor General del Ejército por enriquecimiento ilícito y contra la obra social de esa fuerza armada por fraude a la administración pública.

"Discriminadas por delito, las investigaciones preliminares muestran una predominancia de defraudaciones en perjuicio de la administración pública (33,33%), cohechos (26,66%) y enriquecimientos ilícitos (20%). El resto se divide entre malversaciones de caudales públicos, administraciones fraudulentas y maniobras de lavado de dinero", describió en su informe a Fiscales el área a cargo de Milton Khaski.

La investigación preliminar es una herramienta prevista en la ley de Ministerio Público que permite a los fiscales la realización de medidas previas a una denuncia penal para constatar la perpetración de un delito. Son pesquisas que pueden iniciarse a partir de dinámicas proactivas dirigidas a la generación de casos o, bien, por denuncias efectuadas por particulares u organismos públicos.

Capacitación

Durante el transcurso de 2014, en tanto, el Área de Delitos contra la Administración Pública dictó talleres de formación especializada en la investigación de hechos de corrupción destinados a agentes de otros organismos públicos, tales como la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina.

Asimismo, llevó a cabo –junto con las otras áreas operativas y el fiscal Gonella- el curso de “Estrategias del Ministerio Pùblico Fiscal en la lucha contra la criminalidad económica en Argentina y en la región” dirigido a agentes del MPF.

Las temáticas desarrolladas en cada caso han guardado relación con las necesidades específicas de cada institución destinataria, por lo que han oscilado desde la transmisión de estrategias y recomendaciones para la elaboración de investigaciones patrimoniales hasta el suministro de herramientas para el análisis de declaraciones juradas de funcionarios públicos.

El área a cargo de Milton Khaski también participó de diversas mesas de trabajo realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Seguridad de la Nación para profundizar el intercambio de conocimientos y herramientas en la investigación.

En este contexto, Gonella y Khaski participaron recientemente de la Asamblea del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones y Oficinas Anticorrupción realizado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, así como también de lareunión con las autoridades de la Oficina Anticorrupción de Cataluña.