El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, presentó una denuncia en el fuero Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires contra una cooperativa de crédito y una sociedad concursada por la simulación de un crédito de más de 450.000 dólares. La finalidad de la maniobra habría consistido en inducir a error al síndico y al juez del concurso con el fin de que el falso crédito de la cooperativa fuera verificado y pasara a formar parte del pasivo del concurso.

La investigación tuvo su origen una comunicación del titular del Juzgado Comercial n°10, quien advirtió que el crédito reclamado por la cooperativa poseía irregularidades en virtud de las cuales lo declaró inadmisible y dispuso poner en conocimiento al Área de Concursos y Quiebras de la procuraduría especializada. Ello, sin perjuicio de que el síndico se había pronunciado a favor de la admisibilidad del crédito.

En virtud de dicha comunicación, la Procelac inició una investigación preliminar en cuyo marco se llevaron adelante distintas medidas que permitieron concluir que la concursada, en connivencia con la cooperativa, habría intentado perjudicar a los acreedores del concurso a través de la verificación de un crédito ficticio que le permitiera alcanzar las mayorías necesarias para imponer un acuerdo preventivo.

Asimismo, se advirtieron irregularidades en la administración de la sociedad concursada que podrían vincularse con su participación en una organización dedicada a lavar activos de narcotraficantes, investigados simultáneamente en nuestro país y en los Estados Unidos.

Este caso da cuenta de la importancia que reviste lograr un trabajo articulado entre la Justicia Comercial y el Ministerio Público Fiscal, que permita la detección de posibles delitos enmascarados detrás de las causas comerciales.

La estafa procesal

La maniobra intentada por la cooperativa en connivencia con la concursada habría tenido en miras dos objetivos principales. En primer lugar, obtener las mayorías necesarias en el marco del concurso para imponer a la masa de acreedores un acuerdo abusivo. Es decir, producir un perjuicio a los acreedores imponiéndoles un acuerdo que, de otro modo, no hubieran aceptado.

Cabe destacar que el crédito simulado representaba aproximadamente el 45% del pasivo total verificado en el concurso que asciende a más de $7.000.000, descontando a los acreedores privilegiados. Adicionalmente, la sociedad adeuda sumas millonarias a distintos organismos públicos.

A ello se suman otros 18 créditos en instancia judicial a los cuales se les impondría el acuerdo, pese a que no tienen derecho a votar las propuestas de la concursada por no haber participado en el proceso de verificación de créditos.

En definitiva, la Procuraduría concluyó que, de haberse verificado el crédito de la cooperativa, el número de conformidades reales que habría tenido que alcanzar la concursada para imponer el acuerdo era mínimo en relación al pasivo total.

El segundo objetivo, posiblemente, responde a que en caso de fracaso del concurso preventivo, la concursada estuviera en condiciones de licuar parte del activo a través del pago de dividendos concursales al acreedor de ese crédito ficticio.

La Procelac arribó a la conclusión de que se trataría de un crédito ficticio en función de distintos elementos recolectados a lo largo de la investigación preliminar. Así, advirtió irregularidades en el contrato de locación de obra en el que se intentó fundar el crédito. Entre otras cuestiones, resultó llamativo que no se estipulara claramente la forma y fecha de pago del saldo de precio que ascendía a USD 5.400.000. Tampoco surgía del acuerdo presentado el proyecto de obra.

Además, resultó llamativo que los pagos por la suma de USD 450.000 se realizaran en efectivo, contra entrega de un recibo informal y que la fecha de pago de la última cuota del adelanto y de vencimiento del plazo para comenzar las obras coincidiera con la fecha de la presentación en concurso.

Por otra parte, se pudo determinar que en el predio en el que se realizaría la obra existía una construcción de importantes dimensiones que en todo momento estuvo ofrecida para la venta por una reconocida inmobiliaria. Además, la titularidad del inmueble ni siquiera se encontraba inscripta a nombre de la cooperativa que había pactado el pago de sumas millonarias por esa supuesta obra.

Adicionalmente, entre otros elementos, se tomó conocimiento de que no se había iniciado ningún trámite habilitación de la obra en la Municipalidad correspondiente.

Irregularidades en la administración

Además de las cuestiones advertidas en el marco del concurso, el síndico en el informe general enumeró distintas irregularidades vinculadas con la administración de la sociedad concursada. Así, señaló la existencia de una administración promiscua de los activos y pasivos de la sociedad por parte de los directivos, permitiendo la confusión de su patrimonio con el de varios fideicomisos.

Estos fideicomisos, a su vez, estaban siendo investigados por su vinculación con maniobras de lavado de activos derivados de narcotráfico.