"La decisión tiene un valor de trascendental importancia para la República Argentina, ya que implica que nuestro país se encuentra en el más alto nivel internacional, tras ser evaluado con las máximas exigencias técnicas en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, valoró el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, tras la oficialización de la exclusión de la Argentina de la "lista gris" que integran los países con deficiencias en el control del lavado de activos. La decisión fue adoptada hoy en París en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Gonella integró -como lo viene haciendo desde el año pasado en diferentes cónclaves regionales y mundiales- la delegación argentina en las reuniones que el organismo llevó a cabo desde el lunes hasta hoy en aquél país europeo. La comitiva fue encabezada por José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo rector en la prevención del lavado de activos en nuestro país. También, fue integrada por representantes del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El texto aprobado hoy señala: "El GAFI celebra el progreso significativo de la Argentina en la mejora de su régimen contra LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo) y señala que el país ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplimentar sus obligaciones asumidas en su plan de acción con respecto a las deficiencias en su estrategia que el GAFI identificó en junio de 2011. Argentina, por tanto, no se encuentra más sujeta al proceso de monitoreo del GAFI en el marco de su actual proceso de cumplimiento global del régimen LA/FT. Argentina continuará trabajando con GAFI y GAFISUD para dar respuesta al conjunto de los temas de lavado y financiamiento del terrorismo identificados en el reporte de evaluación conjunto".

La exclusión de Argentina de la "lista gris" del GAFI es el resultado de una serie de medidas que llevó a cabo nuestro país y que involucran a la política criminal desarrollada por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la creación y puesta en funcionamiento de la Procelac, mediante la resolución PGN 914/2012, como instancia de asistencia especializada en la materia para los fiscales nacionales y federales.

En efecto, aquella decisión de la titular del MPF de diciembre de 2012 se planteó como objetivo institucional honrar los compromisos asumidos por nuestro país en el ámbito internacional y elevar los índices de eficiencia en la persecución de la criminalidad económica organizada.

El soporte técnico-funcional del titular de la Procelac en la materia es el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Mateo Bermejo, quien se encarga del análisis de la problemática, la sistematización de la información, el diseño de los protocolos de actuación, y las actividades de capacitación, además de la coordinación operativa en los casos.

Sólo el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac logró con su intervención medidas cautelares por casi 70 millones de pesos, embargos de 275 automóviles, 92 inmuebles, el secuestro de 59 armas de fuego, la intervención judicial de cinco personas jurídicas (es decir, firmas comerciales o de servicios involucradas en delitos económicos) y el secuestro material de dinero en efectivo por un millón y medio de pesos.

Además, se lograron medidas cautelares de no innovar en 30 casos de lavado de activos. Desde su creación, la Procelac intervino en 55 denuncias por ese delito y prestó colaboración a fiscalías de todo el país en otras 55. En el Área de Lavado tramitan actualmente 18 casos, que incluyen investigaciones preliminares, denuncias y expedientes con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos a la Procelac por la UIF.

En ese sentido, Gonella destacó a Fiscales que los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo articulado con la UIF de acuerdo al diseño legal del sistema nacional de prevención del lavado de activos, previsto en la ley 25.246 y sus decretos reglamentarios. "Producto de esa actuación conjunta y complementaria, la UIF y la Procelac han impulsado importantes investigaciones en casos complejos, cuyos resultados se materializaron en detenidos, procesados y gran caudal de bienes embargados y/o decomisados", remarcó el fiscal General.

Desde que comenzó a funcionar, la Procelac con sus seis áreas (Delitos Tributarios y Contrabando; Delitos contra la Administración Pública; Fraudes Económicos y Bancarios; Mercado de Capitales; Concursos y Quiebras; y la de Lavado de Activos) logró medidas cautelares por aproximadamente 400 millones de pesos, embargos de 284 automóviles, 97 inmuebles, el secuestro de 59 armas, la declaración de 68 inhibiciones generales de bienes y la incautación de dinero en efectivo por 23 millones de pesos.

La Procelac, en todo el proceso

Gonella viajó a los plenarios del GAFI de febrero 2013 (París), junio 2013 (Oslo), octubre 2013 (París) y junio/octubre de 2014 (París) y participó de reuniones puntuales con expertos legales del GAFI sobre cuestiones relativas al delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico argentino, como la celebrada en Estados Unidos en abril de 2013.

Su contribución en estos foros consistió en un asesoramiento técnico-legal y fue fundamental para el correcto entendimiento de la regulación nacional en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que el GAFI, producto de las barreras culturales que separan los sistemas del Common Law y el continental europeo (de influencia en nuestro país), no lograba comprender nuestra cultura jurídica.

Ello motivó varias reuniones en las que Gonella explicó ante fiscales expertos de Canadá y de Estados Unidos el sentido de los verbos rectores del tipo penal de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal argentino y su interpretación en la jurisprudencia, a fin de evitar toda duda sobre eventuales márgenes de impunidad, lo que siempre fue una preocupación puntual del GAFI.

El titular de la Procelac también se ocupó del congelamiento de activos terroristas. En tal sentido, ante expertos del organismo internacional, en distintas reuniones, Gonella brindó detalles sobre el tema en relación a su diseño normativo en el nivel administrativo y judicial, como asimismo sobre su tratamiento ante el pedido de una autoridad extranjera.

Gonella también representa al Ministerio Público Fiscal de la Nación en los foros regionales sobre lavado de activos. Como tal, integró la delegación Argentina en las reuniones de la Comisión Suramericana contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la UNASUR, celebradas en Lima y Buenos Aires en 2013. En estos foros, fue designado punto focal junto con funcionarios de la UIF para coordinar estrategias comunes contra la criminalidad organizada trasnacional.

En la reciente visita a la Argentina del GAFI, Gonella tuvo a su cargo la coordinación del grupo de fiscales del MPF que participaron de las reuniones. Emilio Guerberoff, Walter Rodríguez, Horacio Azzolin y Sabrina Namer expusieron casos complejos con todos los componentes que demuestran el cumplimiento de los mejores estándares internacionales contra el lavado de activos y explicaron cómo es el trabajo coordinado con la Procelac y sus equipos técnicos.

La lista gris

A través de sus 25 años de existencia, el GAFI viene estableciendo estándares y promoviendo la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El máximo órgano de decisión del GAFI es el Plenario, que se apoya en una serie de grupos de trabajo.

La última reunión plenaria se desarrolló hoy y entre los puntos más importantes de la agenda, estuvo la consideración de la situación de Argentina, donde se votó unánimemente su salida de la lista gris. Una de las jornadas más importantes del foro fue la del lunes pasado, cuando sesionó el equipo técnico denominado Grupo de Revisión y Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés). Este grupo es el que se encarga de monitorear intensivamente a los países que se encuentran en la lista gris, y el que participó de la visita a la Argentina en septiembre pasado.

En la sesión del lunes, 14 delegaciones nacionales de países de América (del sur y del norte), Europa, Asia y África, y el GAFISUD, fundamentaron la decisión de sacar a nuestro país de la lista gris, la que fue adoptada finalmente por el consenso general de la totalidad de los miembros del GAFI, conforme las prácticas del organismo.

Argentina se encontraba en una situación muy comprometida tras la visita del organismo en 2009, cuando se detectó que no cumplía con 49 de 54 directrices estratégicas en materia de prevención e investigación del lavado de activos. El resultado de esa inspección trajo aparejada una grave sanción para nuestro país, ya que fue incorporado en la lista gris junto a otros estados con importantes deficiencias.

Ello motivó que el Poder Ejecutivo tomara la decisión política de efectuar un cambio de autoridades en la UIF. En 2010, fue designado al frente del organismo Sbatella, quien tras integrar un nuevo equipo de trabajo, con el objetivo de revertir la grave situación del país ante el GAFI, elaboró con la asistencia de grupos especializados del organismo internacional, un extenso, complejo y ambicioso plan de acción finalmente presentado en el año 2011.

Ese plan fue puesto en ejecución comenzando con reformas estructurales en materia legislativa y un ajuste integral del sistema administrativo. Incluyó la modificación del tipo penal de lavado de activos, adecuándolo a la figura del auto-lavado y agrupándolo, junto a otros ilícitos, en un nuevo título dentro de la Parte especial del Código Penal, denominada “Delitos contra el Orden Económico y Financiero”. Asimismo, se consagró la responsabilidad de la persona jurídica, se incorporó el tipo penal de financiación del terrorismo y también se reguló la figura del decomiso anticipado.

En materia administrativa se puso en funcionamiento un dispositivo denominado "matriz de riesgo", utilizado para procesar información; se amplió sustancialmente el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas; se definieron infracciones y multas administrativas; se reguló el congelamiento de activos terroristas y la UIF intensificó su rol como querellante en casos judiciales.

En ese contexto, la procuradora General puso en funciones a fines de 2012 a la Procelac para adecuar la acción del Ministerio Público Fiscal a los estándares internacionales.