En el marco de la causa n° 529/16, que se sigue por la investigación de presuntas maniobras de contrabando de importación de mercaderías a gran escala, el titular del Juzgado Nacional N° 6 en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, dispuso una serie de allanamientos en los que se secuestró documentación comercial, informática y de comercio exterior, con el fin de corroborar los hechos en los que se encontrarían involucrados brokers que operan en el ámbito de la comercialización internacional de mercaderías e importadores de productos textiles que, hasta el momento, habían permanecido ocultos ante el servicio aduanero argentino.

Los diecisiete procedimientos se llevaron a cabo ayer, en distintos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con resultados altamente positivos. Los mismos fueron ordenados como consecuencia de un informe presentado en noviembre de 2016 por el Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en el que, luego de un exhaustivo análisis de la documentación secuestrada en distintos procedimientos que habían sido practicados en mayo de ese año, se lograron identificar veinte operaciones de importación de mercaderías, a las que se acompañó documentación material e ideológicamente falsa, con el objeto de abonar menores tributos a su ingreso al país y eludir diversas restricciones económicas vigentes a ese entonces.

La causa se inició en de 2016, a raíz de la denuncia efectuada por la mencionada área de la PROCELAC, en la que se daba cuenta de la existencia de varios grupos de personas físicas y jurídicas que habrían contribuido a la comisión de numerosos hechos de contrabando durante un período prolongado de tiempo, que incluyó el ingreso de datos falsos en los registros informáticos del servicio aduanero, como así también el aporte de documentación apócrifa al organismo, mediante la que se falseaba la real cantidad, peso, calidad y/o especie de las mercaderías que se pretendían nacionalizar.

La magnitud y complejidad de los hechos investigados supone la existencia de múltiples personas involucradas, que habrían actuado de modo organizado, conformando eslabones de una cadena de responsabilidades que se nutre del accionar de agencias navieras, agentes de carga (“forwarders”), despachantes de aduana, funcionarios públicos y los reales importadores -beneficiarios finales de la maniobra- que se ocultaron detrás de personas jurídicas carentes de capacidad económica y operativa, a las que se utilizaba como consignatarios de la mercadería y formales importadores ante la Aduana.

En el expediente ya  se encuentran procesados Oldemar Carlos Barreiro Laborda (alias “Cuqui”), el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Rodolfo Paolucci, los funcionarios aduaneros Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro, Rodolfo Trebino, Federico Tiscornia Salort, Martín Corral, Santiago Jiménez y Vanesa Calamante. También se encuentran investigados, entre otros, Néstor Frega, los hermanos Miguel, Alejandro, Silvia y Raúl Paolantonio,  y al día de la fecha permanece prófugo Claudio Minniceli (alias “el mono”).