Los “arbolitos” no sólo crecen en la city porteña. Por orden del juez federal José Luis Casals, Gendarmería Nacional allanó ayer tres “cuevas” ubicadas en el centro de la localidad misionera de Puerto Iguazú y un domicilio ubicado en la periferia de la ciudad, que sería propiedad del responsable de la organización. Tres de los locales aparentemente se dedicaban a la venta de ropa, perfumes y paquetes turísticos. Sin embargo, a partir de una investigación iniciada por el Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) y profundizada por le Área de Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se detectó que además se realizaba cambio ilegal de divisas extranjeras y que una persona conocida en la zona sería la encargada de instrumentar las operaciones.

Los elementos secuestrados permiten inferir que efectivamente los locales próximos a las calles Victoria Aguirre y Brasil eran utilizados como casas de cambio ilegales. Puntualmente, se hallaron 251,049 pesos, 15000 dólares estadounidenses, 24522 reales brasileños, 3225 euros, 1541000 guaraníes paraguayos, 10 francos suizos y 10 soles peruanos.

Los cuatro operativos fueron llevados adelante por Gendarmería; la Fiscalía Federal de El Dorado, a cargo de Liliam Delgado; el responsable del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, Néstor García Paradiso, y bajo la coordinación del fiscal del distrito de Misiones, Rubén González Glariá.

El Juzgado Federal de El Dorado, a instancias del Ministerio Público, dispuso la clausura preventiva de los tres locales para hacer cesar la comisión del delito y evitar los efectos posteriores. Los más altos estándares internacionales del GAFI establecen que los estados miembro deben adoptar todos los medios tendientes a mitigar el riesgo derivado de la criminalidad económica. De tal manera, se concretó la primera experiencia de esta naturaleza en la materia.

El fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, desde el exterior donde se encuentra en misión oficial, mantuvo un contacto permanente con los funcionarios del Ministerio Público que participaron de los allanamientos. Gonella destacó la importancia de estos procedimientos, no solamente por los resultados sino "porque demuestran en el ambito operativo, la seriedad y efectividad del trabajo coordinado con los organismos supervisores (en el caso en BCRA) y las fuerzas de seguridad, en el combate contra el fenómeno de la criminalidad financiera y cambiaria, de acuerdo a los parámetros técnicos de mas alto nivel internacional dictados por el GAFI. En octubre, la Argentina fue excluida de la lista gris del organismo internacional gracias a reformas legislativas y el trabajo tanto de la Procelac, la Unidad de Información Financiera (UIF), el BCRA, la CNV, la Superintendencia de Seguros y el Ministerio de Economía, lo cual demuestra que la calificación obtenida por nuestro país, esta dando resultados en términos de efectividad".

Este tipo de procedimientos pone en evidencia el resultado de la política criminal implementada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. El trabajo de las procuradurías especializadas (en este caso, la Procelac), el fiscal coordinador del distrito y la fiscalía federal local que actúa en cada caso permite articular criterios y estrechar los vínculos no solamente con las fuerzas de seguridad (tanto federales como provinciales), sino con los operadores del sistema de justicia de las provincias.

El rol del fiscal coordinador de distrito busca armonizar la actuación de la totalidad de los fiscales y áreas del Ministerio Público que intervengan en un caso de conformidad con la política criminal y de persecución que se construya, acorde a las condiciones de la provincia o localidades donde interviene. Por otra parte, interactuar con todas las autoridades nacionales y locales necesarias para llevar adelante una respuesta integral y eficiente al problema del crimen organizado de las distintas regiones.