29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Federal N°6, con la colaboración de Procunar y Procelac
Narco-arroz: Ordenaron la indagatoria de 60 imputados
Se trata de una organización dedicada al contrabando internacional de estupefacientes y al manejo de los millonarios fondos producidos por esa actividad.

El titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal n°12, Sergio Torres –con la intervención de la secretaría n°24 a cargo de Verónica Bresciani-, dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de sesenta personas vinculadas a distintas maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefaciente. Tanto la intervención de los imputados en las millonarias operaciones, así como las estructuras societarias utilizadas para darle apariencia de licitud a los bienes generados por el narcotráfico fueron identificadas en un extenso trabajo realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que colaboran en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal n°6 a cargo de Federico Delgado.

La organización

“De acuerdo a la pesquisa desplegada, el grupo delictivo se dedicaría a la realización de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes etapas y al manejo de los fondos producidos en pos de mantener viva la estructura. Estas maniobras tendrían impacto tanto en el orden nacional como en terceros países, de ahí su carácter internacional y transnacional, presentando vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros estados (como ser Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros) con los mismos objetivos y respondiendo todos estos grupos a una sola organización central, de mayor envergadura, existente en la República de Colombia”, consignó Torres en su resolución.

Durante 2016, el magistrado dictó el procesamiento respecto de los integrantes de la organización criminal detrás del frustrado envío, en septiembre de 2015,  de casi 40 kilogramos de cocaína disimulados en cargamentos de arroz desde el puerto de la ciudad de Rosario.

Entre los procesados figuran siete ciudadanos de nacionalidad colombiana, cuatro argentinos y dos ecuatorianos. El magistrado consideró a todos ellos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, agravado por la intervención de más de tres personas, en concurso real con el delito de contrabando de exportación en grado de tentativa agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del país.

Uno de los presuntos integrantes de la banda, además, fue procesado como autor del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil. Además de convertir en prisión preventiva la detención en que se encontraba la totalidad de los imputados, Torres trabó embargo sobre los bienes de cada uno de ellos, hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos.

Respecto a este último punto, en una resolución previa el magistrado había considerado “indispensable” las medidas cautelares solicitadas desde la Procunar y la Procelac tendientes a inmovilizar los bienes de los imputados, con el objeto de “impedir su transferencia, conversión, disposición o movimiento”.

El informe de colaboración

La tarea desarrollada por las Procuradurías implicó una lectura, sistematización y análisis de la documentación que fue incautada a lo largo de los registros domiciliarios practicados en la causa. Esto permitió sucesivamente identificar maniobras y personas involucradas en la trama económica de la organización narcocriminal.

A su vez, el informe reconstruye el origen de los fondos empleados para realizar las maniobras que se investigan, analizando el perfil patrimonial de las personas involucradas, su actividad y relaciones jurídicas. Para cumplir con esta tarea fue determinante el aporte que hicieran la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la recolección de información de los sujetos investigados.

Todo este trabajo tuvo como corolario la determinación de las maniobras que podrían ser consideradas constitutivas del delito de lavado de activos y la responsabilidad de cada una de las personas en ellas, a partir de la información que se ha podido recolectar hasta el momento, puntualmente de las constancias obrantes en el expediente principal y sus anexos, la documentación secuestrada en los diferentes allanamientos y los distintos informes de análisis efectuados por la AFIP, el BCRA y la UIF.

Concretamente, en el informe se detallan cientos de maniobras que se vinculan con 70 personas físicas y 30 personas jurídicas, y que involucran operaciones por millones de dólares.