El fiscal general Gabriel Pérez Barberá, en su carácter de cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), denunció a los administradores y  directivos del laboratorio Roux Ocefa S.A., cuyo concurso preventivo se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, secretaría 32, desde julio de 2016. Consideró que de ser corroborados los hechos denunciados podrían quedar configurados los delitos de administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y apropiación indebida de los recursos de la seguridad social (art. 173, inc. 7 y art. 174, inc. 5 del Código Penal y art. 9 ley 24.769, respectivamente).

La presentación fue realizada luego de que tres trabajadores de la compañía - la cual cuenta con 80 años en el mercado de la producción de medicamentos- se presentaran ante la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF y expusieran las anomalías producidas en la empresa que impiden el normal funcionamiento del laboratorio y el cobro de sus salarios. Expresaron los tres integrantes de la Cooperativa de Trabajo Roux Ocefa Ltda., actualmente en proceso de inscripción, que la empresa les adeuda los sueldos desde hace aproximadamente siete meses, período durante el cual mantuvieron diversos conflictos gremiales, sin que se arribara a ninguna solución. Tras recibir la declaración, la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) remitió las actuaciones a conocimiento de la PROCELAC.

Sobre la base de los hechos expuestos por los trabajadores, la Procuraduría indicó que los directivos de Roux Ocefa habrían llevado adelante un plan tendiente a desinvertir la sociedad y lograr su vaciamiento. En esa línea, los trabajadores afirmaron que Roux Ocefa se habrían desprendido de numerosas patentes que eran de su titularidad y que el producido no se habría volcado a inversiones. Los integrantes de la cooperativa también refirieron al abandono en el mantenimiento de las plantas de producción, la tercerización de la elaboración de ciertos productos y a la realización de depósitos en efectivo o en financieras, entre otras irregularidades.

La Procuraduría especializada indicó que los directivos de Roux Ocefa habrían llevado adelante un plan tendiente a desinvertir la sociedad y lograr su vaciamiento.

Por otra parte, con base en la información obtenida del expediente comercial, se afirmó en la denuncia que la sociedad contaría con un pasivo superior a los mil millones de pesos y se sugirió dirigir la investigación hacia operaciones inmobiliarias realizadas poco tiempo antes de la presentación en concurso, señaladas por el síndico.

Roux Ocefa se habría beneficiado también con un subsidio otorgado por el Ministerio de Trabajo en el marco del Programa de Recuperación Productiva, de alrededor de once millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores señalaron que la empresa no utilizó la ayuda estatal para realizar inversiones para la recuperación, sino que habría continuado con el proceso de vaciamiento.

Asimismo, se denunciaron hechos consistentes en la falta de pago de aportes previsionales y una posible retención indebida de conceptos de naturaleza tributaria, puestos de manifiesto en la declaración recibida en ATAJO.

La causa penal

La causa quedó radicada en el  Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, con intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 10, a cargo del Dr. Germán Bincaz. El 24 de mayo pasado el fiscal solicitó la ampliación del requerimiento de instrucción con relación a los hechos denunciados por la PROCELAC.

El concurso preventivo

El titular del Juzgado Comercial N° 16, en el que tramita el concurso preventivo, valoró las manifestaciones vertidas por los trabajadores ante ATAJO, que fueran relatadas ante la secretaria de la Dirección de Acceso a la Justicia, Katia Troncoso. Asimismo, el magistrado realizó una audiencia en la que fueron recibidas todas las partes: la concursada, los trabajadores, la sindicatura y el comité de control.

Posteriormente, resolvió no hacer lugar a la quiebra solicitada por los trabajadores, no obstante lo cual dispuso la separación de la administración del directorio de la concursada y designó un administrador judicial.

Para arribar a tal decisión, el juez afirmó, en lo sustancial, que no existe un plan para revertir la situación de parálisis de la empresa y que hay una necesidad de reactivación inmediata de la actividad, tanto por el desamparo de los trabajadores y sus familias, como porque las posibilidades de éxito del proceso concursal dependen de esa reactivación para generar recursos. Afirmó que la circunstancia de que el directorio no cuente con un plan empresario para reencauzar la empresa habilita al juez para separar al concursado de la administración, pues “es evidente que ello procede también frente a situaciones donde –como en el caso– lo que sucede es que las omisiones o pasividad del órgano de administración produce afectación a los acreedores”.