El titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°3 de Morón, Néstor Barral, dispuso el procesamiento de cinco personas acusadas de conformar una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del tráfico trasnacional de estupefacientes, actividad desplegada por el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, tanto en su país de origen como en Estados Unidos. De este modo, el magistrado tuvo por acreditada la hipótesis criminal descripta por los fiscales Sebastián Basso, a cargo de la Fiscalía Federal n°1 de Morón, Diego Iglesias, cotitular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y Gabriel Pérez Barberá, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en cuanto a la existencia “de hechos vinculados con el lavado de activos, provenientes de ilícitas actividades desarrolladas por fuera de los límites de nuestro país, para lo cual se habrían valido de diversos proyectos inmobiliarios, entre otros,  y con la intervención de personas jurídicas y/o físicas, logrando que adquieran así la apariencia de un origen lícito”, según consignó en su relación.

En el marco de una compleja investigación, los representantes del MPF  identificaron y describieron tanto las maniobras y estructuras societarias utilizadas para poner en circulación los bienes generados por el tráfico de estupefacientes, como el rol y participación que cada uno de los imputados tuvo en la asociación criminal y, en especial, el conocimiento previo que los mismos tenían respecto del origen ilícito del dinero.

Emprendimientos inmobiliarios y espectáculos

La investigación se inició de manera preliminar en la Procunar a partir de información provista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a una pesquisa que se estaba llevando adelante en Colombia, de la cual surgían sospechosos vínculos de José Bayron Piedrahita Ceballos y personas físicas y jurídicas de Argentina.

Piedrahita Ceballos se encuentra vinculado al tráfico ilícito de estupefacientes desde, al menos, principios de los años ’90. El 3 de mayo de 2016 fue incluido en la “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” –conocida como “Lista Clinton”- que elabora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al considerarlo un patrón de organizaciones narcocriminales colombianas, y haber colaborado con la estructura criminal denominada “La Oficina de Envigado”, grupo que, a su vez, estaba vinculado con los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia.

El avance de la pesquisa permitió establecer que Piedrahita Ceballos -y personas de su entorno- se encontraban vinculadas en el ámbito local  a un grupo económico liderado por el abogado Mateo Corvo Dolcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en dos rubros bien diferenciados entre sí: por un lado, ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar ("Country Urbano", "Pilar Bicentenario" e "Ínsula Urbana), por el otro, la actividad de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos por medio de sociedades encabezadas por el imputado Antonio Pedro Ruiz. Este último rubro incluye la explotación del espacio gastronómico cultural "El Café de los Angelitos".

Al requerir el procesamiento de los imputados, los fiscales Basso, Iglesias y Pérez Barberá enumeraron y detallaron diez operaciones a través de las cuales la organización -desde 2008- habría puesto en circulación en el sistema financiero local fondos originados en el tráfico trasnacional de estupefacientes. La ingeniera desplegada incluye la constitución de plazos fijos, la adquisición de moneda extranjera, la compra de acciones de sociedades ya constituidas (y su posterior venta simulada), la estructuración de depósitos en efectivo, o bien a través de transferencias locales e internacionales.

Entre las maniobras sospechadas se encuentra la compra-venta de acciones. En diciembre de 2011, Corvo Dolcet vendió a Piedrahita Ceballos acciones de Las Recovas de Pilar S.A. -posteriormente se transformaría en Pilar Bicentenario S.A.- e Ínsula Urbana S.A. por cerca de U$S 690.000. Al año siguiente, recompró esos títulos a un valor diez veces mayor, lo que le generó un pasivo de U$S 3.300.000 en favor de Piedrahita Ceballos. Idéntico mecanismo de compra y venta de acciones se encuentra registrado en otros casos, sin que hasta el momento ni Corvo Dolcet ni Ruíz hayan cancelado esas deudas. "Es decir, luego de más de cinco años de haberse concretado esa venta, los imputados aún no han cancelado sus saldos ni han devengado intereses, y Mateo Corvo Dolcet ni siquiera exteriorizó una mínima intención de pago. Lo que demuestra sin lugar a dudas el carácter simulado de la misma”, indicaron los fiscales. En muchos casos, la salida del colombiano coincide con su inclusión en la mencionada "Lista Clinton" y la consiguiente necesidad de que desapareciera de los registros de accionistas.

Testaferros

Los elementos de prueba recolectados durante la investigación -y valorados por el magistrado al dictar los procesamientos- contradicen uno de los argumentos centrales esbozados por los imputados al momento de prestar declaración indagatoria, esto es, el desconocimiento que habrían tenido respecto al origen ilícito de los fondos aportados por Piedrahita Ceballos. Sobre este punto, los fiscales destacaron un documento obtenido en el domicilio de Corvo Dolcet, en el marco de los múltiples y simultáneos allanamientos realizados el 29 de septiembre pasado. En dicho documento, que data de 2011, el imputado les reconoció a María Isabel Santos y Sebastián Marroquín (esposa e hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria) ser quienes le habían presentado a José Bayron Piedrahita, servicio por el cual el imputado les abonó una suma de dinero.  "A partir de esa presentación personal, Mateo Corvo Dolcet pasó a ser el representante de Piedrahita dentro del territorio argentino", señalaron los fiscales. En su presentación, resaltaron que tanto Corvo Dolcet como Ruíz continúan siendo al día de hoy testaferros de Piedrahita en algunos de los principales emprendimientos desarrollados en el país.

Calificación legal

A la hora de disponer los procesamientos, el juez Barral coincidió con el encuadramiento del MPF y, además, ratificó las medidas cautelares y embargos oportunamente dictados en el expediente. “Los significativos ingresos que comenzaron a nutrir económicamente a esta organización, como consecuencia del desarrollo de las maniobras de tráfico de estupefacientes concretadas en el extranjero, procuraron ser ocultadas mediante la creación de estructuras societarias, diversificada en diferentes rubros, para así sortear obstáculos legales y administrativos que, a todo evento, pudieran dar con el real origen de los mismos”, ponderó el magistrado.

La resolución decretó así el procesamiento con prisión preventiva de Mateo Corvo Dolcet como co-autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previsto y penado en el art. 303 inciso 2do., apartado “a”, del Código Penal (arts. 45 del C.P. y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.). Bajo la misma figura pero sin restricción a la libertad ambulatoria fueron procesados la contadora María Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, Esteban Adrián Delrío. En tanto, María de los Ángeles Verta -esposa de Corvo Dolcet- fue procesada por el mismo delito pero en calidad de partícipe primaria.

Por último, el magistrado decretó la falta de mérito a Marcelo Pera.