El pasado 7 de julio, el titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, Dr. Fernando Luis Poviña, dispuso los procesamientos de Juan Alberto Cerisola –ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán-, Olga Graciela Cudmani –ex Directora General de Construcciones Universitarias-, Luis Fernando Sacca –ex subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- y Osvaldo Venturino –ex Director de Inversiones y Contrataciones-, y decretó los embargos de sus bienes por la suma total de noventa y tres millones de pesos. Los imputados fueron procesados como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art 174, inc 5, en función del art.173, inc 7 del CP). Además, a Cerisola y a Sacca se los procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP).

El temperamento procesal adoptado se enmarca en la causa en la que se investigan  las presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa del Estado de derecho privado, en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo.

La investigación  judicial fue dirigida por el Dr. Carlos Brito, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, y contó con  la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (PROCELAC) ) –a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal María Laura Roteta- que, por intermedio de las áreas de Delitos contra la Administración Pública y de Asistencia Técnica, brindó la colaboración requerida en el marco de su especialidad para el análisis de la documentación y la proposición de medidas de prueba. La colaboración brindada por la Procuraduría especializada incluyó la visita de funcionarios de la PROCELAC a Tucumán, en donde se procedió al análisis de la información obtenida a partir de las recomendaciones y solicitudes que había sugerido previamente la Procuraduría.

Como consecuencia del trabajo coordinado entre ambas dependencias del Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección del Dr. Brito, se lograron reunir numerosas pruebas que sustentaron el cuadro de sospecha con relación a la responsabilidad penal de diversos ex funcionarios de la unidad académica. El procesamiento y los embargos ordenados constituyen, así, el corolario del trabajo conjunto mencionado, del que da cuenta el auto de mérito del Juzgado Federal N° 2.