El Ministerio Público Fiscal solicitó ayer condenas de hasta 13 años de prisión para los integrantes del denominado “Clan Ale” por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen ilícito y comercio de estupefacientes. La acusación respecto de los 16 imputados fue formulada por el fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Camuña, y el fiscal ad-hoc Agustín Chit. El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, brindó su colaboración durante el alegato.

Los representantes del MPF requirieron las penas más altas para Rubén y Adolfo Alé, a quienes encontraron como jefes de la asociación ilícita; respecto de María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo, los hallaron como miembros de la asociación y pidieron que se le impongan penas de entre 4 y 10 años de prisión. Todos ellos fueron acusados también por el delito de lavado de activos. A su vez, Carlos Rolando Ocampos, César Marcelo Manca y Sergio Francisco Parrado fueron acusados sólo como miembros de la asociación ilícita: las penas requeridas para ellos fueron de 7, 6 y 3 años de prisión, respectivamente. La Fiscalía encontró acreditado que Enrique Lorenzo Chanampa fue también miembro de la asociación ilícita y responsable del comercio de estupefacientes: para él solicitaron 4 años y seis meses.

Otro grupo de imputados está compuesto por Valeria Fernanda Bestan, María Florencia Cuño y Julia Esther Picone. Respecto de las tres mujeres, los fiscales pidieron que se les impongan penas de tres años de prisión por lavado de activos. Finalmente, el petitorio alcanzó a José Augusto Lucero por el delito de comercio de estupefacientes -5 años de prisión fueron los requeridos-  y al policía Hernán Horacio Lazarte por incumplimiento de deberes de funcionario público -2 años de prisión-.

“Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década. De esas actividades obtuvo ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos” había contextualizado Camuña al inicio del alegato, que se produjo tras casi un año de juicio y más de 40 audiencias, durante las que declararon cerca de 80 testigos.

“Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década. De esas actividades obtuvo ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos”, señaló Camuña.

Poderío económico

El alegato contó con el aporte del fiscal general Pérez Barberá, titular de la Procelac, quien describió la dinámica del “clan” liderado por los hermanos Ale. En ese sentido, señaló que el poderío económico de la organización criminal le otorgó “la posibilidad de crecimiento en infraestructura y la permanencia en el tiempo”. En ese sentido, detalló las “actividades delictivas de singular gravedad”, como narcotráfico y trata de personas, que fueron las “fuentes generadoras de ganancias para la organización criminal, las que se utilizaron no sólo para acrecentar el patrimonio de sus miembros, sino también para lograr el sustento y robustecimiento de las actividades comerciales desempeñadas, como es -en el caso de Adolfo Ale- la agricultura, la actividad vinculada con la industria azucarera, la flota de remises de la empresa Cinco Estrellas, la instalación de locales de juego y azar, la adquisición de campos para alquiler y/o siembra, así como la adquisición de diversos bienes -en cabeza propia y de terceros-, que administró en el tiempo, mientras duró su tenencia”. Durante la investigación, por ejemplo, se secuestraron documentos -cheques y pagarés- por más de 1,4 millones pesos y dinero en efectivo.

En esa línea, el fiscal general subrogante Camuña remarcó que fue “decisiva” la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) en el análisis financiero y patrimonial de los integrantes del grupo, y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en la sistematización de la información secuestrada a la organización.

"Tal poderío e impunidad, por otra parte, no hubiese podido ser consolidado sin protección estatal, de los tres poderes del Estado, tal como ha quedado evidenciado, con toda certeza, en el presente juicio. Hay todo un país esperanzado en que, al menos la impunidad judicial de la que siempre este grupo ha gozado, se termine tras este juicio, con la debida y merecida sentencia condenatoria", enfatizó Pérez Barberá.

"Hay todo un país esperanzado en que, al menos la impunidad judicial de la que siempre este grupo ha gozado, se termine tras este juicio, con la debida y merecida sentencia condenatoria", enfatizó Pérez Barberá.

Decomisos y revocación de excarcelaciones

Camuña y Chit, asimismo, le pidieron al Tribunal Oral que revoque las excarcelaciones concedidas a los imputados en los casos que corresponda, “habida cuenta del incremento objetivo de los riesgos procesales que ello conlleva en el caso de penas de cumplimiento efectivo”. Por otra parte, solicitaron el decomiso de todos los bienes “producto de los hechos ilícitos comprobados en el juicio”, que detallaron en un anexo, para que sean parcialmente afectados a “las estructuras estatales provinciales y federales de lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado”. La solicitud incluye el decomiso del casi centenar de armas secuestradas, además de 5.500 proyectiles.

Asimismo, los fiscales requirieron, ente otras cuestiones, la suspensión total de actividades de las empresas Point Limits SRL y 5 Estrellas SRL por un período de 4 años, como así también la personería de la empresa Transportes Leonel SRL. Finalmente, solicitaron la extracción de testimonios para profundizar la investigación sobre otros delitos que no fueron objeto del juicio y la posible participación de otras 17 personas.