El Tribunal Oral en lo Criminal Nº16 absolvió ayer al policía que disparó contra Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, en julio de 2009. La Fiscalía, representada por Ana Helena Díaz Cano, había pedido nueve años de prisión para Daniel Veyga por considerar que los homicidios se dieron en el marco de un exceso en la legítima defensa. La querella que representa a las familias había solicitado prisión perpetua.

El 8 de julio de 2009, cerca de las 15, Veyga le disparó con su arma reglamentaria a los dos jóvenes dentro de su auto. El vehículo estaba estacionado frente a la casa del por entonces agente de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas, sobre el pasaje El Zonda, en Parque Chacabuco. A Lezcano le disparó en la cabeza, a la altura de la oreja. A Blanco, dos veces: uno en la ceja y otro en el costado del cráneo.

Los cuerpos de los dos jóvenes ingresaron a la Morgue Judicial ese mismo día, cerca de las 19, como NN. Recién dos meses después, las familias de ambos supieron en qué circunstancias murieron, a pesar de que habían radicado una denuncia en la comisaría 52 por la desaparición. El mismo día en que intentaron solicitar medidas en la causa, Veyga fue sobreseído por el juez Facundo Cubas.

Esa decisión fue ratificada por la sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional meses después. La sala IV de la Cámara de Casación Penal, en noviembre de 2011, revocó la decisión y apartó al magistrado. Luego, el Juzgado de Instrucción Nº24 indagó al policía y tomó la misma determinación. Cuando tuvo que intervenir nuevamente Casación, le remitió la causa a la Cámara de Apelaciones para que el imputado sea procesado por el delito de homicidio reiterado en dos hechos. Así llegó a juicio oral

Los fundamentos del veredicto dictado ayer por el TOC 16, integrado por Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari, se conocerán el próximo 4 de julio. En el pronunciamiento los magistrados además ordenaron que se extraiga de la sentencia y se envíe a sorteo todo lo relacionado con el procedimiento policial realizado aquella tarde por miembros de la Policía Federal. Esto había sido requerido por la fiscal durante su alegato, al considerar que se cometieron irregularidades.

El juicio comenzó a principios de junio. Por disposición del Tribunal sólo ingresaron a la sala de audiencias familiares de las víctimas. Según explicaron, fue porque el reciento tenía únicamente capacidad para diez personas. Varios medios alternativos presentaron entonces un escrito donde se solicitaba una sala más grande. Finalmente, alegatos y sentencia fueron realizados en la planta baja del edificio ubicado en Lavalle 1171.

“Mató y luego remató, sabía que era una muerte segura”, dijo la fiscal. “Es policía, sabe qué significa ponerle un arma en la cabeza a un joven y disparar. Se quebró el límite de la necesidad de defenderse, hubo un exceso”.

“Eligió matarlos”

En su exposición, la fiscal repasó lo sucedido aquella tarde de 2009 y recordó el testimonio de un vecino que vio cómo Veyga era abordado por dos jóvenes. Aquella persona que prestó declaración fue quién llamó al 911 y que, al escuchar los disparos, salió para ver qué sucedía. Blanco estaba muerto en el asiento de atrás del auto mientras que Lezcano agonizaba en el lugar del conductor.

La Policía Federal, el SAME y la Unidad Criminalística llegaron minutos después del hecho. “Kiki” fue trasladado al Hospital Piñero pero falleció a las 16:15. Horas después, los dos jóvenes ingresaron sin identificación a la morgue. La fiscal marcó que Blanco fue identificado el 13 de julio de 2009 pero no se le notificó a su familia de lo sucedido hasta el mes siguiente. El 14 de septiembre se enteraron que Lezcano había sido enterrado en el cementerio de Chacarita como NN mientras que la otra víctima seguía en la morgue a la espera del traslado para ser inhumado.

La fiscal repasó la declaración de la madre de Kiki, María Angélica Urquiza. Destacó la angustia con la que vivió todo el proceso judicial y la falta de respeto que sufrió durante este tiempo. La mujer contó que su sobrino le comentó que un día antes de la desaparición, un efectivo de la Comisaría 52 le advirtió a Jonathan: “una vez sí, dos veces no, voy a ser tu sombra”. En enero de ese año, ella misma había recibido la visita de la policía que le advirtió que “cuidara a su hijo”.

“Putito, ahora a ver si arrancás” es la frase que destacó la fiscal del video que le acercó a las familias un legislador de la Ciudad de Buenos Aires y que circulaba entre efectivos policiales. Así se dirige una persona que estaba en el procedimiento policial a Kiki, que agonizaba en el asiento del conductor. “Por las dudas, llamá a la ambulancia”, se escucha después en la filmación. Ninguno de los policías que participó del operativo y que declararon en el juicio aportó algún dato sobre el autor. Para la representante del Ministerio Público, fue grabado por el imputado o por su hermano, que estaba allí también.

El tribunal ordenó abrir una investigación sobre el procedimiento policial realizado en la escena del crimen, tal como lo solicitó la fiscal Díaz Cano, quien describió en su alegato graves irregularidades en el levantamiento de rastros.

Cuestionó la fiscal la actuación del coordinador de la Unidad Criminalística, al que se lo vio en un video levantar rastros (huellas) de la puerta del auto pero que no se observó si hizo lo mismo con las armas secuestradas. “Si se le atribuyen dos muertes a un policía, ¿cómo no preservar esa prueba?”, se preguntó y agregó: “los muertos no pueden hablar y no hay dato en la causa que mencione el peritaje de huellas y rastros sobre las armas encontradas en el auto y que pertenecerían a los dos jóvenes”.

En esa misma línea, también marcó la actuación de la médica legista que llegó a la escena. Fue ella -recordó la fiscal- quién afirmó que Blanco tenía un único disparo y en las filmaciones del procedimiento se la observó hablar con el imputado, al que incluso le señala cuestiones relativas al momento de los hechos. “Ya teníamos una versión sobre lo sucedido y todo lo realizado se inclinaba o se permitía que coincidiera con ese relato”, indicó la fiscal. Además, se vio en la grabación cómo una persona sin guantes y sin identificación daba instrucciones.

Díaz Cano descartó la posibilidad de un enfrentamiento o forcejeo entre Lezcano y Veyga. Detalló que este último no tiene ningún tipo de lesión y recordó que el disparo que recibió el muchacho nunca pudo haber sido efectuado mientras estuvieran frente a frente. Para ello, citó la declaración del médico que realizó la autopsia, quién sostuvo que el disparo se dio con el arma apoyada fuertemente, y de los peritos que realizaron la reconstrucción del hecho. Veyga hizo dos descargos a lo largo del trámite judicial: el primero en agosto de 2009 y el otro, en septiembre de 2013. En ambos se encargó de asegurar que temía por su vida y que por ello disparó.

Un video muestra que una persona se acercó al auto después de los hechos y le espetó a Lezcano, quien agonizaba: "Putito, ahora a ver si arrancás". La fiscal señaló que sólo el imputado podía saber que el joven había intentado darle arranque al auto.

¿Por qué exceso de legítima defensa?

La fiscalía acusó por esta figura luego de evaluar las pruebas que se produjeron en el debate. Mencionó que el procedimiento inicial buscó “consciente o inconscientemente” proteger la versión de Veyga. “Poco le importó al Poder Judicial, en cambio, qué pasaba con los dos cadáveres NN”, sostuvo. Aclaró que las preguntas que se hizo Casación sobre varios tramos de la investigación en lo relativo a probar si efectivamente las armas encontradas en el auto eran de los jóvenes no pudieron ser respondidas

Consideró que Veyga quería matar a Lezcano y a Blanco, quería “deshacerse” de sus supuestos agresores ante ese supuesto robo. “Mató y luego remató, sabía que era una muerte segura”, dijo la fiscal y continuó: “es policía, sabe qué significa ponerle un arma en la cabeza a un joven y disparar, acá se quebró el límite de la necesidad de defenderse, hubo un exceso”. Después, se preguntó: “¿por qué no repelió el ataque de otra manera? ¿por qué no tiró a piernas, manos brazos?”

Afirmó que si bien estaba autorizado a usar el arma, no podía colocarlas ni disparar en la zona en que lo hizo: “no estaba autorizado a matar, simplemente a defenderse”. Valoró que tuvo intención de dar muerte y que por eso eligió esos lugares y reiteró que existían otras vías para neutralizar la agresión, más allá de que destacó que Veyga era un experto tirador.

Para la fiscal, el policía actuó en un mismo contexto pero en dos tramos de conducta diferentes. Consideró como agravante la crueldad a la hora de acabar con la vida de las víctimas y el comportamiento que tuvo mientras Kiki agonizaba: “sólo él podía saber que había intentado darle arranque al auto”, aclaró.

Al momento de solicitar los nueve años de prisión, pidió también se lo inhabilite por el mismo tiempo de la condena tanto para ser funcionario como para utilizar armas de fuego. “Es una historia repetida la de proteger a las fuerzas de seguridad mientras la justicia pasa por alto irregularidades”, enfatizó. Para concluir, le dijo al Tribunal que tenía la oportunidad de enmendar esos errores: “hay que darle un mensaje a la sociedad de que todos debemos acarrear las consecuencias cuando elegimos sacarle la vida a una persona”.

Alegatos de la querella y la defensa

Los abogados que representan a la familia solicitaron, en cambio, que se condenara a Veyga por homicidio agravado por haberse cometido abusando de su función. Hablaron de que hubo dolo homicida, descartaron la versión donde el imputado afirma que Blanco le dijo a Lezcano “matalo porque es rati” mientras estaban dentro del auto y cuestionaron que las armas encontradas en el vehículo hayan sido atribuidas a los dos jóvenes.

“Mató y actuó con total desprecio por la vida humana, pudo haber hecho otra cosa pero optó por la peor de todas”, resumieron los querellantes y destacaron la presencia de los familiares durante todo el proceso judicial “a pesar del desprecio con el que fueron tratados”.

La defensa, por su parte, había requerido la absolución del policía al considerar la situación encuadraba bajo la figura de “legítima defensa”. Sostuvo que el policía “no tenía opción”, que no podía huir y que actuó de acuerdo a la agresión que sintió en ese momento.