Horacio Azzolin, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°49, apeló el sobreseimiento dictado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°30, Jorge Adolfo López, quien había beneficiado a tres efectivos de la Policía Federal Argentina acusados de balear un vehículo robado en el que circulaban cuatro jóvenes. El representante del Ministerio Público cuestionó la decisión respecto al oficial Rubén Néstor Solares, investigado por intimidar y agredir a familiares y amigos de las víctimas.

Según Azzolin, la decisión del juez resultó prematura, ya que no se indagó al inspector Pablo Andrés Blanco, al sargento 1° Jorge Juan Pablo Munari y al cabo 1° Eduardo Luis Pedrozo, para que brinden su versión de los hechos en los que David Brian Ayaviri Mamani y Jonathan Mareco fallecieron y Fabián Celso Gómez Aponte resultó herido. Asimismo, el representante del Ministerio Público también cuestionó el sobreseimiento del oficial Rubén Néstor Solares, a quien familiares y amigos de las víctimas sindicaron como el responsable de las amenazas y agresiones sufridas días después del hecho.

Por otra parte, el fiscal sostuvo que “el auto impugnado omite por entero la aplicación del consabido programa de reglas a través de las cuales debe ponderarse la situación bajo estudio, y sólo superado el cual se configuraría el escenario para poder considerar ajustada a derecho la apelación a la fuerza letal”. En ese sentido, consideró que los efectivos no observaron los protocolos existentes para efectuar un tiroteo y agregó “que el juzgado instructor no pudo elaborar un estudio específico de la conducta de cada implicado porque las desconoce, y sólo pudo inferirlas parcialmente de las demás prueba reunida, o de las versiones indirectas, sumamente escuetas e inespecíficas, prestadas por los implicados en la causa de la justicia de menores”.

En su presentación, Azzolin también cuestionó que el juez haya adoptado su resolución cuando aún restan los resultados de ciertas medidas de prueba tales como determinar si Ayaviri Mamani, Mareco, Gómez Aponte y Zerpa dispararon las armas encontradas dentro del vehículo en el que circulaban, peritaje que había sido ordenado por la titular del Juzgado Nacional de Menores N°2, Silvia Sassano, quien investigó el robo del vehículo en el que huían los jóvenes. El representante del MPF solicitó unificar las investigaciones, dado que se “demuestra claramente cómo la escisión de las investigaciones, separando artificialmente un suceso histórico único, es absolutamente perjudicial para la averiguación de la verdad”.

Dos versiones

El 7 de agosto de 2014, alrededor de las 20:00, mientras Walter Daniel Saltos esperaba que su mujer saliera de la Escuela “Armada Argentina”, en Larrazábal 4520, fue abordado por tres jóvenes armados, quienes lo despojaron del teléfono celular, el dinero y la Volkswagen Suran. Luego, se dieron a la fuga. Ante esto, Saltos dio aviso al 911 y denunció el hecho en la Comisaría N°52, dándose intervención a la Justicia Nacional de Menores.

La versión policial indica que minutos después, los efectivos Blanco, Munari y Pedrozo, integrantes de la División de Robos y Hurtos de la Policía Federal Argentina, quienes se desplazaban a bordo de un Ford Focus no identificable, dieron con el vehículo, en el que viajaban cuatro jóvenes, lo que generó una persecución, que culminó en el interior de la Villa 20, en el barrio porteño de Villa Lugano, en la intersección de las calle Founrouge entre Ana María Janner y Barros Pasos.

Al frenar la camioneta, Celso Fabián Gómez Aponte y Jonathan Mareco, descendieron de la parte trasera y abrieron fuego para cubrir su huida. Mareco, quien estaba gravemente herido, fue trasladado por los vecinos al Hospital Santojanni, donde finalmente murió. Por su parte, David Brian Ayaviri Mamani agonizaba con un disparo en la cabeza en el asiento del acompañante, por lo que se dio intervención al SAME, que lo trasladó al Hospital Piñero, donde finalmente falleció. El conductor del vehículo, Matías Nahuel Zerpa, resultó ileso y pudo ser apresado en el lugar. Del interior del vehículo, se secuestraron tres armas.

Sin embargo, los familiares de los jóvenes muertos dieron una versión diferente de los hechos: los chicos habrían sido ejecutados a sangre fría por los efectivos policiales, quienes además habrían impedido la atención médica de Ayaviri Mamani. También, denunciaron que durante días siguientes, personal de la Brigada de la Comisaría N°52, encabezados por Rubén Néstor Solares, los intimidó y amenazó.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), encabezada por Abel Córdoba, tomó conocimiento del caso, a través de informaciones periodísticas, por lo que efectuó una denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a fin de determinar sí hubo abusos por parte del personal policial. Dicha denuncia recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal N°49, a cargo del fiscal Azzolin, quien requirió el accionar policial en los hechos investigados.

En su pesquisa, el representante del Ministerio Público consideró que los policías dispararon varias veces contra el Volkswagen Suran, a raíz de lo cual Ayaviri Mamani y Gómez Aponte resultaron heridos. Asimismo, los efectivos habrían impedido con disparos al aire que los médicos del SAME y los vecinos asistan a Ayaviri. Por su parte, Gómez logró salir del vehículo y correr, siendo asistido por los vecinos que lo trasladaron al Hospital Piñero. También, Mareco descendió del vehículo, sin resistirse, pero los oficiales le dispararon, generándole lesiones que produjeron su muerte horas después. Respecto a Zerpa, el fiscal sostiene, que también intentaron dispararle cuando estaba esposado, pero ello fue impedido por los vecinos. Los efectivos policiales amenazaron y agredieron a los presentes, situación que días después, se repitió cuando personal de la Brigada de la Comisaría N°52, se apersonó para amedrentarlos.