El fiscal Federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal Nº2 de Morón, Leonel Gómez Barbella, solicitó al juez Juan Pablo Salas, que haga lugar a la prisión domiciliaria de una madre que se encuentra alojada con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer tiene dos hijos menores: un niño de dos años que padece EPOC, enfermedad broncopulmonar que requiere oxígeno y rehabilitación kinesiológica respiratoria, y una niña de seis. El representante del Ministerio Público consideró que la detención domiciliaria es la mejor alternativa para proteger el irreemplazable vínculo familiar madre-hijo.

La defensa de la mujeracompañó a su propio pedido -y para demostrar el grave cuadro de salud del niño- certificados médicos que dan cuenta que el menor presenta diagnóstico de displasia broncopulmonar, EPOC. El niño estuvo internado desde el 2 de septiembre por baja saturación de oxígeno en sangre. Asimismo, la hija de seis años debe realizar un tratamiento y evaluación para ser intervenida quirúrgicamente por adenoides, tejido linfático en las vías respiratorias altas entre la nariz y la parte posterior de la garganta.

La delegada tutelar Lidia Ferro concurrió al domicilio donde cumpliría la detención la madre y conviviría con los niños. Evaluó al grupo familiar y las condiciones de la vivienda, así como la situación de los menores y concluyó que la familia está organizada y que de acuerdo con el estado de salud de los niños, ambos se encontrarían mejor contenidos si el vínculo materno se mantuviera de manera continua.

El fiscal Gómez Barbella tuvo consideró estos antecedentes y pidió que el arresto domiciliario se haga efectivo a la mayor brevedad posible, citando entre sus fundamentos la Convención de los Derechos del Niño que ordena privilegiar el interés superior del niño en toda decisión que una institución pública o tribunal de justicia adopte.

El representante del MPF afirmó que es "evidentemente, en el escenario descripto, el encierro en una unidad penitenciaria resiente el normal desenvolvimiento de la relación familiar con afectación al derecho de los niños". Citó entre sus fundamentos, además de los tratados internacionales, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que reconoce el derecho de los menores a la preservación de sus relaciones familiares y a crecer y desarrollarse en su familia de origen. Para el fiscal, entre los esfuerzos para combinar los derechos de la niñez con el derecho de la sociedad de ser resguardada frente al delito, la ley se ha esforzado en encontrar una solución que  priorice el interés de los menores y a su vez no frustre el accionar de la justicia.