Los fiscales José Díaz Vélez, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de la ciudad de Tucumán, y Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -Procelac-, junto con Omar Gabriel Orsi, Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, solicitaron la indagatoria de Rubén Eduardo Alé -alias “la Chancha”-, María Jesús Rivero, Adolfo Ángel Alé, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milhein, Andrés Alejandro González, María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, Julia Esther Picone, Lidia Irma Medina -alias “Liliana”-, José Fernando Gómez -alias “Chenga”-, Gonzalo José Gómez -alias “Chenguita”-, Mariana Natalia Bustos, María Azucena Márquez, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, Humberto Juan Derobertis, Domingo Pascual Andrada, Paola Ceballos y Patricia Medina.

Todos están acusados de haber integrado una “asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, al menos desde el año 2002 e ininterrumpidamente hasta la actualidad, destinada a la comisión de múltiples delitos de acción pública con el objeto de conseguir, en la mayoría de los casos, un rédito económico”. Entre esos delitos, se encuentra la trata de personas.

Señalaron los representantes del MPF que en sus inicios, se pudo comprobar que la asociación ejecutaba sistemáticamente los delitos de privación ilegal de la libertad mediante violencia y amenazas, la captación, traslado forzado y cautiverio de mujeres con fines de explotación sexual mediante violencia e intimidación y la promoción y explotación económica de la prostitución ajena. Todas esas actividades las desarrollaban en distintas provincias del país, tales como Tucumán y La Rioja, entre otras. Una de las víctimas fue Marita Verón, que continúa desaparecida.

Con el correr del tiempo, Alé y su banda comenzaron a diversificar las operaciones económicas delictivas. Comercializaron estupefacientes, defraudaron a diversas víctimas –particulares, instituciones privadas y públicas-, realizaron estafas con documentos de crédito, armaron una red de posesión ilegítima de documentos de identidad ajenos y un vastísimo arsenal compuesto por las más diversas armas de grueso calibre y con munición de uso prohibido.

Los roles

En el caso de Rubén Alé y María Jesús Rivero, los fiscales consideraron que debía atribuírseles la calidad de jefes de la asociación. De las pruebas recolectadas, surge que ambos ejercían el mando y tenían bajo su cargo el control y gobierno de los actos que se ejecutaban.

Por otra parte, Díaz Vélez, Gonella y Orsi indicaron que Lidia Irma Medina y José Fernando Gómez serían los “organizadores”. Para los magistrados, ellos instrumentaban y diseñaban la estructura de soporte y su orientación general hacia la ejecución de las maniobras, coordinando los diversos aportes de cada uno de los miembros de la banda.

Durante la primera etapa de la asociación, que alcanzó visibilidad pública por el caso de Marita Verón, Adolfo Ángel Alé, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González centraban su intervención en la elección de las mujeres a captar -en su mayoría de muy corta edad y en situación de vulnerabilidad-, e instrumentar su privación de libertad por medios engañosos -como ofrecimientos laborales- y violentos. Luego se producía el traslado al destino final de explotación, presumiblemente llevado a cabo por la empresa de remises “Cinco Estrellas SRL”. Por su parte, Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, Gonzalo José Gómez, Mariana Natalia Bustos, María Azucena Márquez, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, Humberto Juan Derobertis y Domingo Pascual Andrada, Paola Ceballos y Patricia Medina garantizaban el cautiverio y explotación sexual de las jóvenes en los prostíbulos “Candy”, “Candilejas” y “El Desafío”, bajo violencia física y psíquica y con el uso de armas de fuego.

En la siguiente fase, que los fiscales caracterizaron como “de diversificación de actividades, circulación y aprovechamiento regular de la productividad económica del grupo delictivo” (evidenciado por el enfoque propio del ámbito de investigación de la Unidad de Información Financiera), pudo distinguirse el aporte esencial de Adolfo Ángel Alé, Andrea Viviana Acosta, Ángel Adolfo Alé, María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone. Todos ellos fueron quienes intervinieron directamente en los negocios concretados con los fondos obtenidos de la actividad de la organización, y simulaban tener la titularidad de los bienes para ocultar su procedencia real.

Para esto, se valieron de la constitución de empresas como “Cinco Estrellas S.R.L.”, “Points Limits SRL”, “Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, lo que les permitió contar con una estructura idónea para canalizar en forma eficiente los activos de origen delictivo.

La investigación surgió a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera, que, luego de una denuncia de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, detectó diversas maniobras sospechosas de todos los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.