Luego de un recorrido judicial de 21 años, el próximo 22 de octubre comenzará del juicio oral y público en la causa en la que se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional de 120 millones de pesos a la multinacional IBM por la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI en 1994. Esto sucedió debido a que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, revocó las resoluciones dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital que había sobreseído a 11 imputados.

En su momento, el Tribunal Oral había beneficiado al los acusados Ricardo Cossio (ex titular de la DGI), Daniel Carlos Hurrel, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Eduardo Vicente D´alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo y María Eugenia Dallorso al entender que la acción penal se encontraba prescripta.

Sin embargo, gracias a los recursos de apelación presentados por la fiscal general Gabriela Baigún y la Oficina Anticorrupción (OA), que oficia como querella, la Cámara Federal de Casación Penal pudo revocar esa medida, por lo cual ahora deberá continuar el trámite del proceso. En su resolución, los jueces además volvieron a instar a que haya una rápida celebración del juicio.

El impulso de la fiscal

Baigún había señalado en la apelación que durante la instrucción del proceso “no se ha visto vulnerado el principio acusatorio ni la garantía de la imparcialidad, toda vez que la decisión de elevar la causa a juicio fue asumida de manera plena por las partes acusadoras, por lo que se ha visto respetado el diseño republicano de ejercicio del poder”.

Además, con relación a la prescripción de la acción alegada por las defensas, la fiscal general había remarcado que “en materia penal es de orden público y debe ser declarada de oficio. Se produce de pleno derecho, y debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión de fondo a fin de evitar la continuación innecesaria del procedimiento”. Sin embargo, recordó la representante del MPF, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ya había intervenido previamente en un fallo mediante el cual, “lejos de declarar la extinción de la acción penal por prescripción, en virtud de la pretendida extemporaneidad del requerimiento de elevación a juicio de la querella, resolvió revocar el sobreseimiento dictado por ese Tribunal y ordenó la fijación de audiencia de debate oral y público a la mayor brevedad posible”.

Pero el Tribunal Oral desconoció el fallo de su superior e igualmente dictó los sobreseimientos. Frente a ello, en la apelación, Baigún resaltó que “desconocer el mencionado pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, implica nada más y nada menos que desvirtuar el sistema de recursos y la revisión de las decisiones judiciales por tribunales superiores”, por lo que concluyó que la nueva resolución de junio de 2014 fue “dictada por un Tribunal que no tenía competencia para revisar nuevamente el planteo que nos ocupa, por lo que claramente resulta inválida”.

El camino previo

Durante 1994, la Dirección General Impositiva (DGI), que estaba a cargo de Ricardo Cossio, contrató a la empresa IBM para montar dos sistemas informáticos: el tributario y el de jubilaciones y pensiones. El contrato fue por más de 500 millones de dólares y el Estado pagó por él un sobreprecio de 120 millones de pesos, según un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En esa contratación junto con la empresa IBM, se presentó Banelco quien no fue seleccionado. En el contrato, se dispuso que el monto sería abonado a IBM en cuatro años y que la DGI pagaría por cada aporte de los contribuyentes $0,83 pesos, lo que significaba alrededor de 7 millones de pesos por mes.

La investigación judicial comenzó en mayo de 1996, a partir de una denuncia de los entonces diputados Carlos Alvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo. Desde ese momento, la causa tuvo tres jueces y estuvo varias veces al borde de la prescripción. Finalmente, 11 años después, en octubre de 2007, Daniel Rafecas la elevó a juicio oral y público. Allí, el juez federal señaló que el delito se habría concretado a través un convenio para la informatización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y el Sistema Tributario (SITRIB). Además, indicó que los imputados Martorana y Soriani habían contratado a la firma CONSAD, la misma empresa cuyos directivos fueron a juicio en la causa conocida como IBM-Banco Nación, donde también se investigó un fraude millonario en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo a las constancias del expediente se acreditó, entre otras anomalías, que los directores de IBM contrataron a la firma Segurex (de la que Cossio era accionista) para “prestar un servicio de asesoramiento en el marco de los proyectos SIJyP y SITRIB”, que nunca se realizó pese a lo cual se había abonado una gran cantidad de dinero.

Luego de que el auto de elevamiento quedara firme, en la etapa de juicio, durante el 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 dijo, por primera vez, que después de tantos años debía declararse la prescripción de la acción legal.

En ese momento, la fiscal general Sabrina Namer había impulsado un recurso de apelación en forma conjunta con OA, querellante en la causa, y la fiscal de Casación Irma Adriana García Netto acompañó el recurso solicitando a la Cámara de Casación la nulidad del sobreseimiento.

Las fiscales sostuvieron que el tribunal oral había realizado una aplicación automática de la garantía de plazo razonable, sin tener en cuenta las complejidades del proceso judicial, que justificaban su dilación. Destacaron que en la investigación, desde el inicio de la causa, se tomaron 212 declaraciones testimoniales, 80 declaraciones indagatorias, se realizaron 16 allanamientos, dos peritajes y se divulgó un informe del Banco Central que demoró casi dos años. Los jueces Borinsky, Hornos y Gemignani hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, revocaron la resolución y ordenaron que se realice el juicio oral.

Sin embargo, cuando la causa volvió a estar en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, los jueces determinaron por segunda vez, y como si no hubiese ocurrido el fallo de Casación, la prescripción y el sobreseimiento de todos los imputados. Además de lo ya reseñado, en la nueva apelación ante Casación la fiscal Baigún indicó que no podía “dejar de destacar la especial trascendencia que reviste este expediente, no sólo por el elevado perjuicio ocasionado al erario público y la relevancia institucional de los hechos que se ventilan, sino también por la calidad de funcionario público que revestían algunos de sus actores, a quienes se les delegó ni más ni menos que el deber de custodia sobre los bienes de la DGI”.

De esta manera, en la sentencia de febrero pasado, los jueces recordaron que desde octubre de 2013 han “venido solicitando, en numerosos fallos, al referido tribunal que fijara fecha para el juicio oral en la causa de mención, que lleva más de diecinueve años de trámite y en la que se investiga la presunta comisión de una grave defraudación en perjuicio del Estado nacional”.

Más de 21 años después de producidos los hechos, el próximo 22 de octubre ese trámite puede comenzar a cerrar una etapa fundamental para esclarecer lo ocurrido.

El embargo

De manera paralela, la OA había solicitado un embargo contra IBM “con el fin de asegurar la restitución de los bienes que resulten del beneficio” ilegal presuntamente obtenido por la empresa y sus directivos como consecuencia de los convenios sospechados de delictivos.

Esto había ocurrido en el 2010, y el fiscal general Mauricio Agustín Viera acompañó el pedido. En esta oportunidad, intervino el tribunal oral en lo criminal federal N° 4, que negó la medida. Luego Casación revocó ese fallo y ordenó trabar el embargo. Sin embargo, ahora el tribunal oral N° 3 volvía a negar el pedido. Por esto, también en febrero de este año, la Cámara Federal de Casación Penal una vez más tuvo que revocar lo decidido por el tribunal, y ordenó que se trabara el embargo de casi 82 millones de pesos contra la multinacional. Para esto, los jueces Borinsky, Gemignani y Hornos ordenaron que se “dé inmediato cumplimiento” al fallo de la propia Casación de 2010.

En concreto, la filial argentina de IBM debió ser embargada hasta cubrir la suma de 81.996.627,19 pesos.

La medida tiene por objetivo, según explica el fallo, “asegurar la oportuna restitución al Estado del importe dinerario que pudiera haber constituido un pago en exceso”. Y agregaron: “ante la restitución que una eventual sentencia de condena pudiera ordenar en el marco de la presente causa, resulta necesario evitar la frustración de esa medida a través del dictado del embargo preventivo que este Tribunal ya había considerado idóneo en su resolución anterior”.