El lunes próximo el Tribunal Oral Federal Nº2 recibirá la declaración del ex diputado nacional Juan Carlos Morán en carácter de testigo, en el marco del juicio en el que se investigan posibles irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. De esta manera, tras el cierre de la etapa de indagatorias se abrirá el período de recepción de la prueba.

Ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso está previsto que declaren 181 testigos, entre ellos varios ex funcionarios públicos. En el debate interviene el fiscal general Diego Luciani y como querellantes la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Restan dos audiencias antes del receso por la feria judicial de enero, y luego el debate se retomará los primeros días de febrero 2020.

Trece imputados entre empresarios y funcionarios públicos y provinciales llegaron a esta instancia acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. Hasta ahora, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, decidieron exponer ante el Tribunal. También declararon Raúl Osvaldo Daruich, quien estuvo a cargo del Distrito N° 23 (Santa Cruz) de la DNV y Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes se desempeñaron, sucesivamente, como presidentes de la Administración General de Vialidad Provincial (Santa Cruz). El ex ministro de Planificación Julio De Vido y el resto de los imputados optaron por la lectura de la indagatoria brindada en la etapa de instrucción.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado. En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques entendieron que las condiciones estaban dadas para elevar a juicio el expediente y así lo solicitaron al juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10. En esa oportunidad, los representantes del MPF tuvieron por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esa etapa, una maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz. En ese sentido, la Fiscalía entendió que esa sustracción se produjo por medio de la "asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.