El fiscal federal de Resistencia, Patricio Nicolás Sabadini, junto al fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Enrique Sansserri, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal, Carlos Martín Amad y el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Federico Martín Carniel, presentaron ante el juzgado federal a cargo de Carlos Ruben Skidelsky un requerimiento de instrucción dirigido contra 99 personas, por los delitos de sedición e incitación a la violencia colectiva, agravados por la finalidad de aterrorizar a la población. Entre los acusados se encuentran tanto agentes policiales y del servicio penitenciario provincial como civiles.

Las imputaciones se vinculan con las protestas policiales que tuvieron lugar durante el mes de diciembre pasado. En este sentido, para una mayor sistematicidad y mejor comprensión, el requerimiento se dividió en secciones jurisdiccionales. Una primera sección implicó los hechos ocurridos en cooptación sediciosa a la División 911 y División de Atención a la Mujer en la localidad chaqueña de Presidente Roque Sáenz Peña. La segunda se circunscribió al acuartelamiento o alzamiento correspondiente al Complejo Penitenciario II del Servicio Penitenciario Provincial, que también tuvo lugar en la misma ciudad de la provincia del Chaco. Por último, en el escrito hubo una tercera sección correspondiente a los hechos acontecidos en la ciudad de Resistencia, que involucró al acuartelamiento policial de la comisaría seccional quinta, séptima y décima.

Los fiscales destacaron que la sublevación de casi todas las policías provinciales, “suceso de inusitada gravedad institucional y de repercusión nacional”, alteró de lleno la “vida democrática de la República, bien jurídico que aun a nivel local, [es] garante el Estado Federal”. Asimismo, mencionaron que ese criterio se compartía con lo dictaminado por la Comisión de Fiscales creada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para investigar estos hechos.

De esta manera, antes de individualizar a cada uno de los imputados, los representantes del Ministerio Público hicieron un racconto de todos los hechos ocurridos a lo largo del país, entre los que mencionaron los distintos levantamientos policiales como los saqueos que se iban produciendo a medida que las fuerzas de seguridad se retiraban de sus funciones.

Luego, fue el turno de describir lo sucedido en cada una de las secciones en las que dividieron la presentación. Así, uno de los primeros imputados resultó ser el Comisario Inspector de la policía del Chacho, Juan Ramón Cantero, acusado de ser uno de los principales impulsores de las protestas en la sección primera y segunda.

Entre otras cosas, Cantero encabezó la primera manifestación que luego se dirigió a otras comisarías de la zona. En una de ellas, habría requerido, a través de la radio, que todos los móviles bajaran a sumarse a la protesta. Junto al Comisario también se encontraban el sargento primero Miguel Ángel Ramírez y el sargento Ricardo Omar Maciel, imputados por los mismos delitos que Cantero.

Al tiempo que se iniciaba la protesta, en distintos comercios de la zona comenzaron los saqueos.

Consciente del caos social que se comenzaba a vivir, los fiscales señalan que en determinado momento Cantero empezó a asistir a distintos centros de oficiales acompañados por los abogados Virginia Irrazabal y Martin D’Alessandro para solicitarles a los y las agentes que se sumaran a la protesta con la excusa de que, ante cualquier inconveniente, esos letrados los defenderían. Irrazabal, agregaron los magistrados, era la esposa de Cantero.

Varias de las agentes de la Oficina de la Mujer que se “plegaron” a la marcha, luego señalaron que, trascurridos aproximadamente cuarenta o cincuenta minutos, regresaron hasta la unidad y “manifestaron que Cantero las había obligado a subir, agarrándolas del brazo, como también que los demás policías no le permitían bajar, y agregaron que en ningún momento se quisieron plegar a la medida, sino que las obligaron, razón por la cual cuando llegaron con la caravana hasta a la comisaria primera, se escaparon sin que las vean, y volvieron caminando, informando a su superior lo que había ocurrido”, relataron en el requerimiento de instrucción.

Por otra parte, 49 efectivos del Servicio Penitenciario provincial, ubicado en la localidad de Roque Sáenz Peña, fueron imputados por los delitos de sedición e incitación a la violencia colectiva, ambos en carácter de coautores y en concurso ideal, agravados por la finalidad de aterrorizar a la población.

Según indicaron los fiscales, las protestas que tuvieron lugar allí también fueron alentadas por Cantero, quien al día siguiente de iniciadas, se presentó en el penal y entró sin permiso, acompañado por decenas de efectivos que se manifestaban.

Los fiscales remarcaron que el jefe del penal le había solicitado a Cantero que se retirara porque, entre otras cosas, había tres módulos de internos a punto de comenzar un motín. Sin embargo, Cantero desoyó esa advertencia y alentó “al personal penitenciario que se encontraba protestando para que dejaran el penal y subieran a los vehículos”.

En Resistencia, a su vez, las protestas comenzaron a raíz de la insistencia de los oficiales de la comisaría quinta. Uno de los portavoces del alzamiento fue el suboficial mayor Jorge Mario Duarte, imputado por los fiscales.

Entre otras cosas, los representantes del MPF indicaron que no sólo se manifestaban por reclamos salariales, sino que además impedían la salida de vehículos para que pudieran a concurrir a patrullar las distintas zonas de la ciudad. Asimismo, al día siguiente de iniciada la protesta, los manifestantes concurrieron a la comisaría segunda y, luego de desoír a las autoridades, “causaron daños de todo tipo” en el edificio de la seccional.

Imputaciones

Para justificar el requerimiento de instrucción y las imputaciones, los fiscales señalaron que en las manifestaciones que se produjeron en la provincia, las medidas de las fuerzas policiales trascendieron la discusión salarial.

Entre otras cosas, resaltaron el uso que hicieron de bienes del “Estado de vital preponderancia para llevar a cabo la función de prevención y seguridad, como los patrulleros, los correspondientes chalecos y escopetas, la tenencia de sus armas reglamentarias, no poniéndolas a disposición de modo previo a la supuesta medida de fuerza”.

Desde este punto de vista, “tampoco han garantizado los servicios mínimos, pues tanto en el caso de los funcionarios policiales como del Servicio Penitenciario Provincial se rehusaron a hacer entrega de los chalecos antibalas, las escopetas y las correspondientes llaves de los patrulleros, en el caso de los primeros, así como las llaves de las celdas y demás elementos, en el caso de los últimos”, agregaron.

De esta manera, en el pedido elevado al juez se dio cuenta sin dudas de que “las conductas desplegadas por los imputados no encuadran en un ejercicio legítimo del derecho constitucional de libertad de expresión, configurándose un claro exceso en el mismo, ello al considerar que no obstante el conocimientos directo que los responsables y partícipes de la protesta poseían respecto de la posibilidad de desmanes generales y saqueos -peligro concreto e inminente- que resultaba ya esas alturas de dominio público, persistieron en su actitud replegada, la que luego adquirió ribetes violentos signados por el uso de la fuerza tendiente a sumar adeptos e intentar ilícitamente, por este medio, la obtención de un acto administrativo que contemple sus reclamos”.

Bajo esas circunstancias, los fiscales destacaron que el accionar empleado por los agentes “no admite justificación posible en el ordenamiento jurídico, resultando reprochable desde el punto de vista del derecho penal”.

A la vez, los representantes del MPF tuvieron en cuenta que los acusados “no tuvieron la finalidad de hacer toma de alguna de las instituciones provinciales”. En este sentido, se encargaron de remarcar que en la presentación no sostenían que “los acusados deseaban tomar la Policía de la Provincia, la Legislatura, o incluso el sillón y bastón de mando del Gobernador, sino que mediante el autoacuartelamiento armado y cese de las funciones se operó como una herramienta coactiva y grupal para que el Gobierno tome una medida respecto a su cuestión salarial”.

Sobre la base de lo anterior, añadieron que no solo se debía considerar “violencia a la utilizada o proferida de propia mano por las fuerzas policiales en alzamiento, sino además el hecho de que los mismos se valían de la situación de caos reinante, el miedo y perspectiva de saqueos latentes por parte de malvivientes al resto de la ciudadanía. Esto debe tomarse como parte del mecanismo de violencia inmerso en el alzamiento en armas”.

Sobre el final, explicaron que lo realizado por los imputados denotó “una finalidad que va más allá de una simple protesta de índole salarial”, ya que “los acusados así como aquellos que han participado del hecho endilgado no solo obstruyen que otros, que no han adoptado la medida, continúen brindando los servicios mínimos sino que, a su vez, [generaron] mayor temor en la población ante la idea de un servicio de seguridad y prevención deficiente debido a la carencia de los elementos retenidos”.

Ahora, el juez federal de Resistencia Skidelsky deberá decidir si da curso o no al pedido impulsado por los fiscales.