El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº24 comenzó con las declaraciones de testigos en la causa que se le sigue a cinco policías de la Comisaría Nº51 (entre los cuales está el comisario de la dependencia) acusados de integrar una asociación ilícita que se encargaba de cometer diversos delitos, entre los cuales se encontraba brindar protección al prostíbulo “Pampita”. En el debate interviene la Fiscalía General Nº24 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, interinamente a cargo de Ariel Yapur.

De acuerdo a la investigación, llevada adelante por el juez Alberto Baños y el titular de la fiscalía descentralizada del distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez José María Campagnoli, se corroboró la “protección exclusiva” al prostíbulo. De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, los cinco policías evitaron iniciar investigaciones a pesar de las evidencias que había de que allí se cometían delitos.

Además, se los acusó de adulterar documentos públicos y de recaudar dinero ilegalmente, para lo cual le exigían a dueños de restaurantes y comercios de la zona que les paguen un “canon mensual” a cambio de protegerlos, a pesar de que era parte de sus tareas como policías.

Los acusados son el comisario Héctor Palacio, el subcomisario Leonardo Avallay, el cabo Alfredo Gonzalo Orbe Carmona, el oficial ayudante Gabriel Damián Nieves, el suboficial escribiente Pedro Cataldo, el dueño del prostíbulo “Pampita” Antonio Chiaradia y José Ignacio Daguerre, encargado del lugar.

Uno de los testigos tiene un restaurante en Sucre y Figueroa Alcorta, jurisdicción de la comisaría 51. Ante las preguntas del fiscal, relató que tomó el control en 2013 del local y que debido a que había un “acuerdo previo” con la seccional, un policía iba mensualmente a cobrar unos 3.500 pesos.

“Venían a cobrar como si fueran un proveedor más”, afirmó y agregó: “no me puse en contra porque es un tema delicado, se trataba de la comisaría”. Explicó que estaba incluido en una planilla de gastos para tener control, que solían ir a principio de mes durante la mañana y que la cuestión se interrumpió cuando se produjo “el problema judicial”. Aclaró, además, que siempre había un policía en la esquina y que se mantuvo después de que no se hicieran más los pagos.

Otro comerciante de la zona relató que tuvo tres robos en un lapso de muy pocas semanas a fines de 2015 y que luego de ello lo visitó “un señor sin uniforme que afirmó que venía de la comisaría”. Cuando le habló del suceso, esta persona le habría dicho que debía ponerse “un refuerzo” en la cuadra. “Por el tipo de conversación, era una sugerencia direccionada a que colabore con algo pero yo no di lugar a que siga”, sostuvo.

Recordó también que semanas después fue a visitarlo un hombre de una comisión vecinal con la misma idea. “Lo escuché y entendía lo que estaba sugiriendo”, manifestó. Ante una re-lectura pedida por la Fiscalía, rememoró que esa persona fue la que le mencionó que salía unos 30 mil pesos tener “custodia”.

Una comerciante del “Barrio Chino” comentó que había dos policías (que nunca estaban de uniforme) que le pedían “prestado” dinero pero que nunca se lo devolvían. Relató, además, que otro comerciante (encargado de una asociación de comerciantes) era quién pedía colaboraciones para la policía pero que nunca fue obligado a pagar.

Los jueces Javier de la Fuente, María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero comunicaron que las audiencias de testigos continuarán los próximos 22 y 23 de mayo.