El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, comenzó hoy el debate oral y público al que la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray llegó acusada de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional junto a otros dos imputados. En representación del Ministerio Público actúan la fiscal Sabrina Namer y Miguel Yivoff como ad-hoc, en tanto que la Oficina Anticorrupción interviene como querellante.

La ex titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano deberá responder por irregularidades en una serie de obras de remodelación realizadas entre 1995 y 1998 en la sede del organismo. Los otros acusados son el ex subsecretario de Desarrollo Sustentable Enrique Kaplan y el ingeniero Santiago María Bignoli, hijo de Arturo Juan Bignoli, de 94 años de edad, sobre quien se suspendió el proceso por aplicación del artículo 77 del Código Procesal Penal por problemas de salud.

Las defensas plantearon una serie de cuestiones preliminares, que el Ministerio Público Fiscal contestó y pidió que se rechacen. Los jueces resolverán el martes que viene y, en caso de rechazar los planteos, comenzarían las indagatorias de los imputados.

La causa

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, desde 1995 hasta 1998 y mediante la violación de diversas normas de administración financiera y de contrataciones del Estado, los imputados cometieron irregularidades en la remodelación y mantenimiento del edificio de la calle San Martín 459. Las maniobras habrían significado un beneficio patrimonial ilegal y un perjuicio para las arcas públicas.

A través de resoluciones y actas que firmadas por Alsogaray y Kaplan, la Secretaría de Recursos Naturales realizó la contratación directa de Bignoli -padre e hijo- para el relevamiento y posterior refacción del inmueble, lo que habría violado el régimen previsto.

A su vez, las obras fueron fraccionadas por etapas delimitadas y por el sistema de contratos separados por rubros menores a 100 mil pesos, lo que encareció el precio final de lo que se podría haber hecho en un único proyecto. De esa forma, según la acusación, “se evitó el procedimiento licitatorio impuesto como regla por la legislación pertinente. Esto tuvo como resultado un beneficio tanto para las empresas prestatarias de bienes y servicios -en razón de los sobreprecios posteriormente determinados- como para los ingenieros Bignoli, pues sus honorarios se encontraban directamente relacionados con el monto total que demandara la obra”. Además, en las dos etapas se advirtió la contratación reiterada de determinadas firmas, como Mag SRL y Del Río Construcciones, cuyos integrantes resultaron ser conocidos de los Bignoli.

Por otra parte, se celebró un fideicomiso con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para que administre los fondos destinados a la obra. Ese acuerdo habría permitido “sustraer el dinero de la esfera de control de los organismos del Estado Nacional”. Entre 1995 y 1998, desde el organismo se libraron órdenes de pago a la Secretaría de Hacienda a favor del Banco por gastos consignados como devengados, sin contraprestaciones que los fundamentaran. “Es decir, por medio de devengamientos ficticios, se transfirieron a la cuenta abierta en el Banco Ciudad importantes sumas de dinero que correspondían a remanentes de ejercicios anteriores, que debieron haber sido devueltos a las arcas públicas”, señala la acusación fiscal.