El Tribunal Oral Federal N°5 comenzó hoy el juicio contra el ex juez en lo penal económico Carlos Alberto Liporace, quien llegó a esa instancia acusado de sustraer más de 8 millones de pesos y destinarlos a Yoma S.A. El titular de la firma, Guillermo Yoma, también es juzgado como partícipe necesario. En representación del Ministerio Público interviene el fiscal general Diego Luciani.

En la primera audiencia, se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se trataron las cuestiones preliminares: en primer lugar, la defensa del ex magistrado postuló la nulidad de esa pieza, en tanto que a su turno Luciani recordó que a lo largo del proceso ya se hicieron planteos similares que fueron rechazados, y consideró que cumple con el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula que debe contener “una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”. Las partes acordaron en que la resolución de la incidencia se difiera hasta la sentencia.

A Liporace y Yoma se les imputa haber orquestado y participado, respectivamente, “en la maniobra por la cual se sustrajo la suma de 8.544.050,73 embargada a la AFIP-DGI”. El 8 de mayo de 2002, Liporace le requirió a la Cámara Civil, Comercial y de Minas de la II Circunscripción de Chilecito, La Rioja, que pusiera a disposición de su juzgado el depósito a plazo fijo de 11.473.127 pesos más los intereses, transferencia que se realizó en julio de ese año.

Luego, habría dispuesto el traspaso a una de las cuentas de la firma, a pesar de que la cuenta de AFIP/DGI estaba sujeta a una medida cautelar de no innovar dispuesta por el juzgado federal de La Rioja; esa circunstancia, según la acusación, era conocida por el ex magistrado. La intervención de Liporace se produjo en el marco de una causa en la que se investigaban posibles infracciones de la curtiembre al régimen penal tributario.

La causa comenzó con una denuncia realizada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Las irregularidades advertidas por los jueces consistieron en que Liporace dispuso las transferencias sin previo traslado al representante del Ministerio Público Fiscal ni a la querella, la primera transferencia, y tampoco a la empresa, la segunda transferencia. Además, tampoco fundó las decisiones “en norma legal alguna”. Aunado a ello, el magistrado habría configurado la sustracción de las sumas mencionadas del proceso concursal del control de la sindicatura y de la entidad recaudadora (AFIP/DGI), que cuestionaba el reclamo de Yoma.

Ambos acusados rechazaron, por el momento, brindar declaración indagatoria. Tras ello, fue el turno de los primeros testigos: declararon dos integrantes del área de Grandes Contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en 2001 participaron de la investigación a la firma por irregularidades en el reintegro de crédito fiscal por las exportaciones,  y en la posterior denuncia en el fuero penal económico que motivó la intervención de Liporace en el expediente.