La fiscal general Gabriela Baigún sostuvo ante la Cámara de Casación un recurso que había presentado el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, contra la resolución del tribunal de alzada que había aceptado parcialmente las apelaciones de las defensas en una causa por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de San Luis. Los representantes del Ministerio Público pretenden que se confirme la decisión del juez federal de instrucción, quien había procesado con prisión preventiva al ex juez federal Eduardo Allende y al ex fiscal federal Hipólito Saa como partícipes primarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente agravado en perjuicio de 24 víctimas y al secretario federal Carlos Martín Pereyra González por los mismos delitos en perjuicio de Graciela Fiochetti. Vega viajó especialmente a Buenos Aires para compartir junto a Baigún la audiencia.

El 11 de junio, los jueces de la Sala A de la Cámara de Mendoza habían hecho lugar al pedido de los abogados de los ex magistrados de la provincia de San Luis. Vega consideró que las pruebas que vinculan a los ex funcionarios judiciales con delitos de lesa humanidad fueron producidas durante el primer juicio oral realizado entre 2008 y principios de 2009 en la capital puntana. Además, destacó que la pesquisa iniciada como desprendimiento de ese debate anterior “presenta cuestionables demoras”.

El fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza agregó que el caso reviste gravedad institucional originada en las decisiones contradictorias del tribunal de alzada. Mientras que el ex juez Otilio Romano fue imputado como partícipe criminal primario, Saá y Allende, aún tratándose de situaciones similares, fueron beneficiados al ser considerados partícipes secundarios.

En lo que respecta a Carlos Pereyra González, los fiscales aspiran a que se mantenga la calificación del procesamiento dictado por el juez de instrucción. En ese sentido, cuestionaron también la decisión de la Cámara que cambió la tipificación y encuadró la conducta como un mero incumplimiento de los deberes de funcionarios.