El Tribunal Oral Federal N°6, a cargo de José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, condenó esta tarde por tráfico de estupefacientes agravado por haber sido realizado en forma organizada, a Juan Carlos Borda León a ocho años de prisión; a Horacio Carpena a siete años; a Patricio Carpena y Victor Álvarez a seis años; a Juan Luis Yazbek y Carlos Hugo Paino a cinco años y medios; a Cristian Ray a cuatro años, y a Gabriel Pressavento y Fernando Bravo a tres años, estos dos últimos como coautores de confabulación.

En sus alegatos, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba, había solicitado ocho años para el ex principal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Fernando Bravo, quien llegó acusado de haber anunciado a uno de los sospechosos de integrar una organización narcocriminal que era investigada por el posible contrabando de un cargamento de 500 kilos de cocaína y por la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Para el representante del Ministerio Público, está probado que los nueve imputados se dedicaban al contrabando y comercialización de drogas.

Córdoba también consideró acreditado que existía una organización activa dedicada a actividades ilícitas y que “en todo momento hubo una investigación vigente”. Se trató de una “organización informal que se dedicó a la actividad” de sustancias ilícitas y que para llevar adelante estas tareas, se necesitó de “una pluralidad de actores", afirmó en su momento el fiscal.

El fiscal, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), había pedido, además, ocho años de prisión para Juan Carlos Borda León y para Horacio Carpena; siete años para Carlos Hugo Paino, Juan Luis Yazbek y Gabriel Pressavento; seis años para Patricio Carpena y Víctor Álvarez, y cuatro años para Cristian Ray. El único que no fue considerado por la Fiscalía como coautor es Ray, para quien Córdoba quien solicitó que la nueva calificación sea partícipe secundario.

La causa se inició a partir de la noticia formal brindada por un representante de las fuerzas especiales de Ucrania, que motivó que la investigación recayera en una presunta organización criminal integrada por personas de nacionalidad rusa y ucraniana que se habrían dedicado al tráfico de estupefacientes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En su requerimiento de elevación a juici, el fiscal federal Federico Delgado había explicado que una vez chequeados como “veraces” los hechos denunciados, se propuso la intervención de las líneas telefónicas, de lo que surgió que la banda estaba integrada “por una gran cantidad de miembros y una estructura compleja con ramificaciones de alcance internacional (España, Holanda, Ucrania y Rusia)”.

Se trata de una organización narcocriminal dedicada a la comercialización de estupefacientes y otras conductas desde octubre de 2011 hasta fines de octubre de 2012. Para llevar adelante la actividad, habrían desplegado un mecanismo complejo que implicó la utilización de medios económicos, sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y elementos necesarios para el tráfico y acondicionado de la droga – balanzas de precisión, bolsas de nylon, selladores, documentación falsa, armas-.

Durante la instrucción, se realizaron varios allanamientos a diferentes domicilios en los que vivían los acusados. En los procedimientos, se secuestraron unas 6000 pastillas de éxtasis, drogas de diseño y miles que tenían una sustancia tóxica (clorofenilpiperacina), incluida desde 2015 en el listado de drogas prohibidas, pero que al momentos de los hechos ya lo estaban en Brasil y España, que fueron dos países de referencia constante en las actividades de la organización. Además, se halló cocaína, marihuana -capullos, flores y plantas-, hongos psolocibe y dinero en pesos, dólares, reales y euros.