El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº3 condenó a quince años de prisión un hombre que abusó sexualmente de dos nenas, ambas hijas de su pareja fallecida y que estaban a su cuidado. Pablo Martín Miguel, de 36 años, fue condenado también por causarle lesiones a sus dos hijas y a una de sus hijas adoptivas. El fiscal Andrés Madrea había solicitado esa misma pena en su alegato.

Miguel fue condenado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” cometido contra las dos chicas reiterado en al menos dos oportunidades y agravado por su condición de guardador; y “lesiones leves” en perjuicio de una de las hijas de su pareja y de sus dos hijas, agravadas por el vínculo en esos dos últimos casos. El hombre está detenido desde enero de 2016 en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Según establecieron los jueces Gustavo Jorge Rofrano, Gustavo Pablo Valle y Miguel Ángel Caminos, los hechos ocurrieron entre febrero de 2014, fecha en la que falleció la madre de las chicas, y el 24 de enero de 2016, cuando fue detenido Miguel. El hombre tenía a su cargo a las tres hijas de su pareja (a las que él había adoptado en Uruguay) y a las dos hijas que habían tenido juntos.

Tanto la fiscalía como los jueces sostuvieron que quedó demostrado que Miguel tocó a sus dos hijas adoptivas, a veces con ropa y otras sin ella; así como también intentó penetrar a una de ellas y le puso su miembro en la cara a la otra, bajo la amenaza de que si decía algo o se quejaba, se lo haría a sus hermanas.

Los abusos se daban dentro de la casa donde vivían, en el barrio de Flores. Durante ese mismo tiempo, Miguel agredió fisicamente a una de sus hijas adoptivas y a sus dos hijas más chicas. El hombre las maltrataba porque le molestaba que lloraran. Las agresiones se originaban también cuando las chicas se negaban a hacer lo que él quería o cuando no tenía dinero para mantener la casa. Para los jueces y la fiscalía, les trasladaba a las chicas la responsabilidad de mantener el hogar: les gritaba, las encerraba con la luz apagada, no las alimentaba, vendía sus pertenencias y los electrodomésticos e incluso las hacía faltar al colegio para que no tuvieran contacto con otra gente y se mantuvieran en secreto las situaciones de violencia.

Tanto la Fiscalía como el Tribunal destacaron los testimonios de las víctimas, realizados en cámara Gesell, así como también sus estudios psicológicos y psiquiátricos. Para Madrea, las expresiones de las chicas demostraban los maltratos físicos, sexuales y psicológicos a los que estaban constantemente sometidas.

En sus fundamentos, y en línea con lo expresado por el Ministerio Público, los jueces afirmaron que, si se tenía en cuenta el contexto de violencia y sometimiento en el que estaban inmersas las víctimas, se podía establecer que Miguel las estaba cosificando, “reduciéndolas a su mínima expresión de autonomía”. “Estos largos períodos en los que fueron sometidas a actos de violencia las llevaron a tener como normales este tipo de situaciones viviendo ese fenómeno como algo natural”, resaltaron.

Tanto la Fiscalía como el Tribunal destacaron los testimonios de las víctimas, realizados en cámara Gesell.

En su alegato, Madrea sostuvo que el hombre convirtió a las chicas en “meros objetos”: “las usó a su antojo y sometió mediante innegables violencias de todo tipo para satisfacer sus designios durante mucho tiempo, incluyendo malos tratos”. Destacó que la violencia no era sólo sexual sino física y moral: las obligaba a mendigar, les vendía ropa, cosas, las encerraba, no las escolarizaba. “Eliminó al menos hasta el momento de la detención, toda posibilidad de esperanza y felicidad que debe tener un niño; transformó la infancia de estas niñas en un infierno”, resumió al momento de pedir los quince años de prisión.

El imputado "transformó la infancia de estas niñas en un infierno", resumió el fiscal Madrea en sus alegatos.

Los jueces coincidieron con la acusación y manifestaron que el sometimiento resultó gravemente ultrajante para las víctimas porque afectó su dignidad como personas, además de la humillación y la cosificación que sufrieron las dos chicas. Consideraron como agravantes, además de lo resaltado por la fiscalía, el aislamiento a las que las sometía, privándolas de pedir auxilio; el desinterés mostrado y la corta edad de las víctimas, lo que las tornaba más vulnerables.