El titular de la Fiscalía General N°1 ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, interviene en el debate oral y público que comenzó el pasado 17 de marzo contra seis oficiales de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina acusados de conformar una asociación ilícita que solicitaba dinero a comerciantes de la capital cordobesa a cambio de que no se realicen procedimientos en sus locales.

Los acusados, quienes son juzgados por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, son el ex comisario Walter Claudio González Galzerano; el ex subcomisario Claudio Pedro Bonggi; el ex sargento primero Armando Miguel “Chancho” Montoya; el ex suboficial Marcelo Claudio Saldanio; el ex auxiliar sexto de inteligencia criminal Antonio Juan Terlikar, y ex oficial principal Héctor Oscar Gómez.

Según estableció la titular de la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba, Graciela López de Filoñuk, en su requerimiento de elevación a juicio, los efectivos cometieron 14 hechos desde febrero hasta abril de 2008, calificados como asociación ilícita, extorsión, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de distintos comerciantes de la capital cordobesa. En algunos de los actos investigados, parte de los uniformados exigía a los dueños el pago de sumas de dinero, en algunos casos mensuales, para evitar que sus locales fueran allanados con distintos argumentos y que se les retuviera la mercadería. También, se los acusa de exigir dinero a “arbolitos” a cambio de dejarlos operar, e incluso detenerlos y exigir un pago para liberarlos.

Asimismo, en la investigación se estableció que los responsables de la Delegación Córdoba de la PFA habían mantenido reuniones con el presidente de la Cámara de Comercio Mayorista de Córdoba para que convenciera a los comerciantes de que entregasen dinero mensualmente, el cual los efectivos pasarían a cobrar.

Luego de que una de las víctimas denunciara el accionar ante la Justicia, la representante del Ministerio Público Fiscal, encomendó a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) acompañar al denunciante a una reunión con los imputados, en la que el hombre les entregaría el dinero, previamente marcado. Así, el 24 de abril de 2008, la banda fue desbaratada en las inmediaciones de la Plaza San Martín, de la capital cordobesa.

En las requisas efectuadas sobre los efectivos y en los allanamientos practicados en sus domicilios y en la delegación policial, los investigadores encontraron documentación incriminatoria y dinero, como así también secuestraron en el interior del vehículo de Gómez un envoltorio con cocaína. A raíz de la publicidad que el caso tuvo en los medios periodísticos locales, otros comerciantes, quienes también habían sido víctimas, se presentaron ante la justicia para denunciar los hechos.

Ahora, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba -integrado por los jueces José Fabián Asís, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano- deberá determinar, en base a los dichos de más de 30 testigos y las pruebas que presente el fiscal general Hairabedian en el debate oral y público si cabe reprocharles responsabilidad penal a González Galzerano, Bonggi, Montoya, Saldanio, Terlikar y Gómez.